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HAMMER VILLENA: SI GOBIERNO INSISTE EN APLICAR PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD SE PRODUCIRÁ ESTALLIDO SOCIAL

Representante de Confederación General de Trabajadores (CGTP) anuncia que norma elimina negociación colectiva, gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

RCR, 13 de Noviembre 2019 .- Si el Gobierno insiste en aplicar el Decreto Supremo 345 del Plan Nacional de Competitividad que elimina los derechos laborales puede producirse un estallido social como en Chile y Bolivia, advirtió Hamer Villena, secretario de Organización de la Confederación General de Trabajadores (Cgtp), al anunciar que esta central se ha retirado del Consejo Nacional de Trabajo porque el Ejecutivo no ha cumplido con el acuerdo de debatir esa norma con los trabajadores.

“Nosotros solicitamos que el objetivo 5 de este plan nacional de competitividad sea revisado o en su defecto sea derogado, porque pretende desaparecer varios derechos que están contemplados en convenios internacionales y firmados por los gobiernos de turno en su respectiva oportunidad y corroborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, explicó el dirigente sindical a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

“Por ejemplo, la negociación colectiva es un derecho adquirido durante mucho tiempo por los sindicatos y mediante la cual permite que los gremios sindicales se sienten y discutan su pliego de reclamos. Esto pretende ser desaparecido, lo cual sería un grave atentado contra ese derecho de los trabajadores. También pretenden desaparecer el derecho a las gratificaciones, reducir las vacaciones y desaparecer la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)”, dijo.

Informó que “ya existen sectores que han sido afectados por estas medidas como los mineros que estuvieron en huelga hace unos meses y pretenden retomar su medida de lucha el 27 de noviembre. Lo propio está pasando con los trabajadores estatales que ayer han iniciado su huelga indefinida y están agremiados a la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (Cite). También el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) ha programado un paro para el 21 de noviembre”.

“El Ejecutivo hace oídos sordos del malestar general causado por este Plan Nacional de Competitividad y está subestimando a la clase trabajadora y no está lejos de la realidad de lo que pasa en América Latina, Chile y Bolivia. Y puede ocurrir lo mismo en el Perú si es que realmente el Ejecutivo no se sienta a dialogar y busca soluciones concretas a nuestras reclamaciones que venimos haciendo desde que ha sido aprobado este plan nacional de competitividad entre gallos y medianoche el 31 de diciembre del año pasado”, advirtió.

Remarcó que “la Cgtp siempre ha integrado este Consejo Nacional del Trabajo, pero no se ha hecho caso del acuerdo al que se llegó en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de que no se iba a implementar este objetivo 5 del Plan de Competitividad mientras estuviera en debate en el Consejo Nacional del Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo y otras empresas lo están aplicando. La Cgtp ha optado por retirarse del Consejo Nacional del Trabajo mientras el Gobierno no cumpla con ese acuerdo”.

“La ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, ha dicho que los trabajadores están de acuerdo con la implementación del Plan de Competitividad, pero eso no se ajusta a la verdad porque se trata de una central minoritaria manipulada por el Ejecutivo para dividir a la Cgtp, pero no es una central representativa sino que es un cascarón que busca implementar los caprichos del Gobierno”, indicó.

Retiro del Consejo Nacional del Trabajo

Anunció también que “el año pasado nos alejamos del Consejo Nacional del Trabajo. Nosotros dejamos sentado que mientras no se debata el objetivo 5 de este plan y se ejecute como debiera de hacerse y se deje sin ejecución algunos puntos en discusión nosotros expresamos nuestro retiro de este Consejo Nacional del Trabajo”. “Hemos vuelto este año producto del acuerdo en la PCM, pero ante la persistencia de la ministra de Trabajo de no reconocer este acuerdo hemos optado por ratificar nuestro retiro del Consejo Nacional del Trabajo”, precisó.

“Nosotros hemos convocado a una asamblea nacional de delegados de la Cgtp para este 23 de noviembre y no descartamos que optemos por una medida de lucha contundente. El responsable de un estallido social va a ser el Gobierno que no presta atención a la clase trabajadora que somos los que ponemos el hombro y sacamos adelante este país con el sacrificio y esfuerzo correspondiente”, anotó.

Advirtió que “no queremos que pase lo que pasa en otros países vecinos, pero si el Gobierno no atiende a nuestras demandas no descartamos que pueda producirse un estallido social originado por el propio Gobierno y por la terquedad y tozudez de una Confiep que pretende aplicar un Plan de Competitividad a costa del sacrificio de los trabajadores y con el pretexto de un desarrollo sostenible”.

“Las empresas de la Confiep vienen contaminando la ecología y el medio ambiente (como las mineras) y no respetan las normas para llevar a cabo las inversiones y tampoco respetan las leyes de los trabajadores conseguidas a través del sacrificio y la sangre”, comentó.

Mencionó que “el sueldo mínimo vital de acuerdo a la canasta básica familiar debería de ser de S/. 1500, porque existe un incremento de la pobreza y de la anemia en los niños. Entonces lo más idóneo y correcto sería que se discuta el aumento del Sueldo Mínimo Vital”.

“Si bien hay una intención del Ejecutivo en incrementar el sueldo, esta medida debería ser discutida con los trabajadores de forma racional para llegar a un acuerdo, pero no se viene haciendo esto. Se ha lanzado este plan de acciones para atender las necesidades de la población hasta la instalación del nuevo Congreso, pero no es la forma más idónea, porque debe de convocar y debe discutirse en las instancias pertinentes como el Consejo Nacional del Trabajo o en una mesa específica para eso”, dijo.

Asimismo destacó que “el Sutep está programando un paro de 24 horas para este 21 de noviembre no solo en demanda de un incremento de sueldos, sino por un acoso laboral al que viene siendo sometido el magisterio a nivel nacional, porque se han radicalizado las sanciones administrativas. Nosotros no estamos en contra de que se imponga una sanción o un descuento por una tardanza, pero hay situaciones que deben entenderse como el tráfico y los accidentes de tránsito que motivan los retrasos”.

“Los directores no dan 10 minutos de tolerancia y están aplicando un proceso administrativo a partir de las tres tardanzas y esto no sucede en ningún país de América Latina. También se ha adicionado carga adicional de trabajo administrativo al docente por una página web que implica una demora de tres horas. El Ministerio de Educación también ejecuta un plan semáforo de control a parte del control aplicado por el director y el subdirector”, detalló.

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