RCR, 05 de septiembre de 2025.- El secretario del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación en Arequipa, Hammer Villena, calificó como un acto de justicia la aprobación en segunda votación en el pleno del Congreso del proyecto para elevar la pensión a los docentes cesantes y jubilados.
Villena explicó que la iniciativa legislativa, presentada hace tres años por el SUTEP, liderado por Lucio Castro y la congresista Flor Pablo, busca recuperar un beneficio perdido tras la eliminación del régimen de la cédula viva. Detalló que el proyecto propone una pensión equivalente a un sueldo de primera escala magisterial.
El dirigente indicó que el proyecto aprobado se caracteriza por ser no excluyente, a diferencia de otras diez propuestas legislativas que marginaban a regímenes como la 19990, de la AFP o la 20530. El dictamen establece un régimen especial que incluye a todos los pensionistas
Villena afirmó que no existe justificación presupuestaria para no aplicar esta medida, citando el discurso presidencial sobre crecimiento económico y que la mandataria se duplicó su remuneración. Además, explicó que los descuentos a docentes activos para el sistema nacional de pensiones generan un fondo común que puede amortizar estas pensiones.
El secretario del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación en Arequipa, informó que la decisión impactará a 20,000 docentes cesantes y jubilados de su región y a 300,000 a nivel nacional, quienes han esperado este acto de justicia por largo tiempo.
Villena destacó que otros profesionales, como los militares, se jubilan con el sueldo que percibían en actividad, y consideró que la discriminación hacia los docentes era injusta, ya que ellos forman a todos los demás profesionales.
Además, señaló que la aprobación de la ley con 65 votos demuestra un consenso en el Congreso, influenciado en parte por el contexto de campaña electoral, aunque también por una reflexión genuina sobre la necesidad de hacer justicia.
Villena enfatizó que muchos docentes jubilados percibían sueldos de extrema pobreza, citando informes de la Defensoría del Pueblo que indican que 600 soles se consideraba pobreza extrema en regiones como Puno, Huancayo y Ayacucho. Anotó que el proyecto busca corregir esta injusticia hacia los docentes cesantes que dedicaron su vida a la educación.
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