RCR, 14 de Setiembre 2022 .- Susana Silva Hasenbanck, adjunta para la Lucha Contra la Corrupción de la Defensoría del Pueblo, dijo que la mayoría de gobiernos regionales no cumplen con implementar mecanismos de lucha contra la corrupción. Precisó que el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 establece la obligación de cumplir con determinadas herramientas para acabar con esa lacra que golpea a la gestión pública.
“El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 establece la obligación de las entidades de cumplir con determinadas herramientas como, por ejemplo, transparencia, implementar una gestión de riesgos, tener toda la información sobre la base de la política de datos abiertos, mantener la rendición de cuentas, ejercer la comunicación y la capacitación, tener una un sistema que permita identificar cuáles son las denuncias”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Remarcó que los mecanismos no se cumplen en muchos gobiernos regionales y en muchas entidades del Estado. “Quizá no se toma en cuenta los mecanismos que deben prevenir corrupción. Solamente se actúa sobre la base de una lógica reactiva, ocurre el problema y se denuncia inmediatamente y se sanciona si correspondiere, pero no se ponen en general las autoridades a ver de qué manera se tiene que prevenir”, indicó.
Explicó que la prevención pasa no solamente por la transparencia o por ejercer los controles, sino que hay todo un conjunto de herramientas. “Por ejemplo, una primera herramienta sobre la cual nosotros vamos a incidir en el levantamiento de información para ver si han cumplido es con la identificación y gestión de riesgos de corrupción”, afirmó.
Señaló que todas las entidades del Estado tienen riesgos de corrupción. “Por ejemplo, en las áreas de compras, en las áreas de contrataciones y en el caso de los municipios en el área de fiscalización. Quien tiene que identificar dónde están esos riesgos son precisamente las propias entidades, porque ellas saben exactamente en dónde es que tienen falencias. A partir de ello, es que deben construir políticas específicas para prevenir”, expresó.
“Si hay problemas en el área de contrataciones, fortalecer el equipo, tener gente proba, gente que no esté involucrada en temas irregulares transparentar mucho más. Esta es una herramienta clave porque en rigor es el punto de partida para plantear las acciones que deben formularse y así tal cual no solamente en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción se plantea esto como un requisito, sino también por ejemplo en el marco del control interno”, agregó.
También mencionó que la Contraloría General de la República en sus normativas señala que es indispensable identificar los riesgos de corrupción. “Esa es una primera que nosotros vamos a ver cómo es que están cumpliendo con esa obligación. Segundo, transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas. La transparencia es el mecanismo ideal para prevenir la corrupción, es uno de los más potentes”, apuntó.
“Mientras los funcionarios sepan que van a ser fiscalizados, que están siendo observados, que los están mirando. Los funcionarios, cuando saben que están siendo observados, se reducen los niveles de corrupción y también no solamente se reducen los niveles de corrupción, sino que también se incrementan los estándares de desempeño de los propios servidores”, observó.
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