Constitucionalista Carlos Hakansson Nieto consideró también que es un hecho comprobado que la administración de justicia del país está sujeta a presiones mediáticas. En cuanto al acuerdo de colaboración entre el Estado y la empresa Odebrecht, el jurista refirió, en su opinión, que “en principio, está muy mal hecho” y que, por principio de dignidad, el país no debería admitir el citado acuerdo.
RCR, 8 de enero 2019 .- El Poder Ejecutivo ya no debe insistir en la aprobación de su proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público, en razón de la renuncia al cargo de su titular, Pedro Chávarry, que era el motivo de controversia entre los poderes del Estado y de las distintas organizaciones políticas y sociales del país, afirmó el constitucionalista, Carlos Hakansson Nieto.
“Sí (debería desistir de proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público)… Espero que el presidente retire este proyecto de ley… Recordemos que no debería mellar al presidente como conductor y jefe de Estado. Porque no es posible que el presidente que jura defender la constitución, quiera (después) violentarla, ¿no?”, subrayó.
En ese sentido, cuestionó lo que atribuyó a “modos arbitrarios y autoritarios” supuestamente practicados por el gobierno del jefe de Estado, Martín Vizcarra.
“Porque si usted ve cuál es la performance del gobierno (que) es (la de) decir: el Parlamento está en contra mía, entonces, haré lo posible por disolverlo. La Constitución dice algo que no quiero, propongo un referéndum para cambiarla… Y, luego, el Ministerio Público no me gusta su actitud autónoma, entonces presento una ley para cambiarlo”, puntualizó.
El docente de la Universidad de Piura calificó además de irregularidad a la existencia de acciones de interferencia y desobediencia funcional y jerárquica, al interior del Ministerio Público.
“Conocemos a los fiscales que han tenido una irreverencia respecto a su jefe superior, que es el Fiscal de la Nación. Y esto es una irregularidad… Si el Fiscal de la Nación les está pidiendo un informe sobre cómo van sus investigaciones, justo a final de año, cuando va a ratificar, y éstos se niegan, cómo no lo va a destituir. Eso es una falta del principio de autoridad”, adujo.
En diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR), Hakansson consideró también que es un hecho comprobado que la administración de justicia del país está sujeta a presiones mediáticas.
“Sí. Y lo ve en los más alto, ¿no?. Está por salir una sentencia por el (Tribunal) Constitucional y de pronto empiezan a salir los medios de comunicación a decir: si falla fundada, pues hay que pensar en buna acusación constitucional. Y si fallan infunda, entonces, viva la democracia… Yo veo mucha presión mediática. Esto es evidente y no se puede negar, y tapar el sol con un dedo”, enfatizó.
En cuanto al acuerdo de colaboración entre el Estado y la empresa Odebrecht, el jurista refirió, en su opinión, que “en principio, está muy mal hecho” y que, por principio de dignidad, el país no debería admitir el citado acuerdo.
“Uno ve los ejemplos de Colombia, en que no va a volver esta empresa a concursar. Aquí se ha dado una reparación civil que es ridícula, pagadera en cómodas cuotas. Y, además está permitiendo que siga operando”, anotó.
Estimó también que ocurre un cierto criterio de selectividad en la administración de justicia como es el caso, por ejemplo, del proceso que se le sigue al expresidente Ollanta Humala y a Nadine Heredia.
“Y este criterio no se aplica para otras personas que están en situación similar. Y no me estoy refiriendo solamente al caso de la lideresa de Fuerza Popular, sino me refiero a muchos detenidos en situación similar. Aquí no se están dando las pautas del Tribunal Constitucional para la excarcelación del expresidente. Y esto llama la atención, porque es un tema más político que legal”, aseveró.
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