El abogado penalista Humberto Abanto, sostuvo que el Gobierno tiene la obligación moral y legal de corregir el hacinamiento de los penales de manera inmediata para evitar que se produzca una gran mortandad de presos por el virus del COVID-19. Advirtió, que un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que si las autoridades no solucionan ese grave problema estarían cometiendo una nueva modalidad de crímenes de lesa humanidad.
RCR, 28 de abril de 2020.- “Si tenemos 46 días de cuarentena y no se ha avanzado un solo caso sobre el des-hacinamiento de los penales lo que se tiene es una situación que el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, ha caracterizado como una nueva modalidad de crimen de lesa humanidad, dejar morir a la gente en las prisiones es una nueva modalidad de crimen de lesa humanidad”, remarcó el abogado a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
En ese sentido, lamentó las declaraciones del premier Vicente Zeballos sobre la impopularidad de los indultos en el contexto de la pandemia del coronavirus. “Dijo que ellos cuando hacían indultos tenían una colectividad que los rechazaba, o sea han dejado de tomar decisiones sobre los penales solo porque les afectaba en las encuestas”, indicó.
“Nadie en su sano juicio puede querer que miles de muertes se produzcan. El gobierno debe tomar decisiones más allá de que hoy sean populares o impopulares. Salvar las vidas de las personas de alto riesgo que están en los penales sin condena o están condenadas erróneamente es un imperativo moral de cualquier sociedad civilizada”, manifestó.
Señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, han exhortado a todos los países a evitar el hacinamiento de las cárceles y ha señalado que son obligaciones internacionales que pueden acarrear responsabilidades posteriormente.
“Lo que luego vamos a ver es que el Perú va a perder casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con dinero nuestro se pagarán indemnizaciones producto de la lenidad, la incompetencia, la ineptitud y la imbecilidad moral de dejar morir a personas vulnerables en los establecimientos penales”, dijo.
Medidas urgentes
Abanto aseveró que en los penales no solo están personas que asesinan por un celular o que violan a niños, sino que también están internadas personas que han sido condenadas por error y otras que ni siquiera están condenadas, por lo que se tienen que tomar medidas urgentes. “Esa gente que tiene más de 60 años o tiene una enfermedad preexistente puede morir si contrae el COVID-19”, anotó.
“Es triste que el gobierno anuncie que tiene un problema de 50 mil presos en exceso en los penales y que presente soluciones para 3,279 presos. A ese nivel de ineficiencia e incapacidad cuando se cree que dejar morir a la gente en las prisiones es un tema que puede agregar algunos puntos a la popularidad”, subrayó.
Consideró que el gobierno tenía que hacer una lista de los presos con morbilidad, otra lista de mayores de 60 años, y una lista combinada para ver los casos más urgentes. “Con esta información el Ministerio de Justicia debió poner en movimiento a la defensa pública para que solicitara la revisión de las prisiones preventivas, tenía que acelerar los beneficios penitenciarios de esa población y tenía que promover indultos y conmutaciones para des-hacinar las cárceles”, afirmó.
Sobre su defendido Jaime Yoshiyama, señaló que“por el momento se encuentra bien; “pero temo que las cosas se van a ir agravando si no hay soluciones de fondo”, indicó. “Nosotros tenemos un pedido de variación, pero lamentablemente el juez Víctor Raúl Zúñiga Urday nos ha programado para el 6 de mayo”, señaló
“Espero que el juez reconsidere, le hemos pedido que lo adelante, porque si tenemos un penal convertido en un foco infeccioso y Jaime tiene 75 años y 9 meses, arterioesclerosis en una arteria que conecta al corazón que está bloqueada al 80%, tiene diabetes, hipertensión arterial severa y antecedentes oncológicos por cáncer de colon, tenemos a una persona que reúne 40% de posibilidades de morir si se contagia de COVID-19”, dijo.
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