RCR, 19 de octubre de 2023.- El abogado Aaron Alemán, especialista en derecho penal y procesal penal, explicó que el gobierno ha hecho una modificación sustancial en el Código Penal al elevar hasta con 30 años de prisión el robo de celulares con agravantes. Sostuvo que la política del Gobierno se centra en sancionar los delitos en vez de prevenirlos, lo que originará un aumento de la población penal.
“Lo que ha ocurrido con este decreto legislativo que hago referencia es una modificación sustancial a los artículos 189, 134 y 222 del Código Penal. En lo que concierne al delito de robo agravado, dentro de la tipificación que reúne una pena entre 12 a 20 años, en el numeral 9, durante la agravante específica, establece una pena, ya no de 12 a 20, sino más bien de 20 a 30 años”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Explicó que el robo de celulares tiene ahora una pena de 12 a 20 años y con el agravante del uso de explosivos o vehículos motorizados, la pena se incrementa a 30 años de pena privativa de la libertad. “Antes había una redacción general. No obstante, por una situación fáctica de robos agravados de celulares y laptops, entre otros instrumentos de telecomunicación, es que el legislador ha establecido una modalidad específica que es sobre los equipos móviles y si es que se cometen mediante el uso de explosivos o vehículos motorizados la pena se incrementa a 30 años de pena privativa de la libertad”, declaró.
Recalcó que la política del Gobierno se centra en sancionar los delitos en vez de prevenirlos. “La política criminal que se está implementando en nuestro país está únicamente enfocada a una actividad ex post de la averiguación del delito y basada únicamente en el incremento de penas, en lugar de colocar su foco de atención en la prevención del delito y principalmente en la inversión de educación, trabajo e instituciones, capaces de poder generar y brindar mayores oportunidades a la sociedad para conducir su vida lejos del crimen”, indicó.
“El sistema de persecución penal en nuestro país es deficiente. No existe justamente una apuesta por parte del Legislativo y del Ejecutivo, para brindar oportunidades reales genuinas a la sociedad en general, para poder desembocar en mayores puestos lícitos de cubrimiento de algún tipo de cargo o función que pueda ejercer la persona en concreto”, expresó.
Advirtió que, si bien por una parte se están incrementando las penas, ello va a tener dos problemas concretos. “Uno es el incremento de la población penitenciaria actual en nuestro país. Ya ha existido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que existe un estado inconstitucional de cosas en las cárceles. El segundo y más grave es que va a acarrear mayores costos y gastos para la población entera”, afirmó.
Mencionó que, a partir de este nuevo cambio, es que se produce una ampliación de la pena en la receptación, clonación y venta de celulares. “El primero es que existe ahora una provisión de documentos para ocultar encubrir o disimular el origen ilícito del bien o de sus partes. El segundo es comercializar o importar equipamiento que permita la adulteración de los códigos IMEI, MAC o SIM, que justamente son los equipos móviles que en la actualidad son los que tienen más estragos en robos agravados”, apuntó.
“En el tema de la clonación la modificación del Código Penal involucra el artículo 2.22a y también 2.22b y 2.22c. Uno de ellos es la posesión ilegítima del SIM Card activados y la segunda es la comercialización de equipos terminales móviles con IMEI lógico o físico alterado o reemplazado o duplicado. Anteriormente no se incluía en el artículo 2.22 el término clonación. Ahora ya no existe ningún tipo de posibilidad de impunidad ante esta criminalidad que ha aumentado año tras año en nuestro país”, subrayó.
