RCR, 08 de junio de 2020.- Alicia Abanto, adjunta de servicios públicos de la Defensoría del Pueblo, demandó al Gobierno tomar medidas urgentes para garantizar el abastecimiento de oxígeno para pacientes graves de COVID-19 y de esa manera evitar que las personas hagan colas para rellenar balones en establecimientos que cobran precios astronómicos por metro cúbico de oxígeno lucrando salvajemente a costa de vidas humanas.
“Desde la Defensoría del Pueblo estamos insistiendo al Gobierno nacional y a los gobiernos regionales para que tomen medidas rápidas. El hecho de autorizar a mas plantas para la producción ha aliviado pero no lo suficiente. El problema de la falta de oxígeno es un problema grave y necesita medidas contundentes de parte del Gobierno”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
También dijo que la Defensoría ha pedido al Gobierno hacer un seguimiento de los precios y de la disponibilidad de los insumos como el oxígeno. “Si el Gobierno no interviene para promover que haya mayor producción de oxígeno, más plantas de oxígeno, para promover que haya información de los lugares donde se vende oxígeno y otros servicios médicos vinculados al COVID, si no se brinda esa facilidad, se les expone a los abusos, a los cobros excesivos e indebidos”, indicó.
Ampliar investigación a clínicas privadas
Sobre el cobro indebido de las pruebas en las clínicas, sostuvo que las empresas privadas están obligadas a respetar los derechos de las personas, más aun si se trata de servicios públicos esenciales como las pruebas. “Solicitamos que se amplíen las investigaciones porque esto constituye la punta del iceberg de un problema más grande que debería implicar la investigación a todas las clínicas privadas sobre los cobros que están realizando para la detección del COVID-19 y para su atención”, manifestó.
“También se debe investigar cómo está actuando Susalud que es la entidad pública encargada de la supervisión de las clínicas privadas. Nos llamó la atención que la Contraloría en su informe señala que Susalud no le respondió y no colaboró con la investigación, a pesar que Susalud es la entidad competente que fue creada por el Estado peruano para fiscalizar a las clínicas privadas”, resaltó.
Subrayó que “de las 18 clínicas privadas que fueron investigadas en Lima, la mitad no colaboró con la investigación y no brindó información sobre los precios que les cobraron a los usuarios”. “Esa falta de transparencia es un mal signo, porque no permiten saber cómo están actuando las clínicas privadas. Hoy en día se necesita que haya la mayor transparencia. Eso implica que debería haber una plataforma informativa accesible a la población para saber cuánto cobra cada clínica y poder comparar que clínica ofrece el mejor precio por un servicio o un insumo médico”, dijo.
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