RCR, 13 de febrero de 2024.- El analista político, Iván Arenas, dijo que el Gobierno debe atacar las cadenas de corrupción, de logística y de lavado de activos que estructuran la minería ilegal, para poner fin a la criminalidad organizada y los asesinatos en la provincia de Pataz, región La Libertad. Consideró que la declaración de emergencia en Pataz solo es una medida paliativa que no solucionará nada, porque la minería ilegal se mueve en varias regiones del país.
“La minería ilegal desborda Pataz y no solo es Pataz. Con esto no solucionas absolutamente nada. Solo quieren atacar la percepción de criminalidad, pero en el fondo (lo dicen el presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad y el alcalde de Pataz) no va a dar ningún resultado, porque aquí lo que tenemos que ir es fundamentalmente a las cadenas que estructuran la minería ilegal en esta parte del país”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Remarcó que la declaratoria de emergencia es un paliativo que no servirá de nada. “El diagnóstico del gobierno es que todo es una percepción y que van a atacar fundamentalmente ese campo. Es decir, el campo de la percepción de la criminalidad y por eso van a dar la sensación de que puede estar todo más seguro con la salida o con el control de las Fuerzas Armadas de la seguridad ciudadana”, indicó.
“En Pataz ha existido una declaratoria de emergencia y no ha funcionado básicamente porque la Policía Nacional no tiene todos los instrumentos, no tiene toda la logística. Hay dos comisarías en la zona, pero la policía no tiene todas las armas suficientes y las herramientas suficientes para poder establecer el orden completo a pesar de esa declaratoria de emergencia”, expresó.
Señaló que la criminalidad no va a desaparecer en Pataz, porque las bandas criminales se van a desplegar hacia Chiclayo o Chimbote. “Las bandas criminales que están actuando en Pataz probablemente se desarticulen en todo este momento que va a durar la declaratoria de emergencia en los próximos 30 o 60 días que dure la disuasión”, afirmó.
Explicó que la configuración de la minería ilegal tiene tres cadenas. “Una cadena de corrupción en la que están involucradas algunas instituciones del Estado, incluido la Dirección Regional de Minería, no esta dirección, pero la anterior que ha dejado hacer muchísimas cosas. Luego está una cadena de logística que es fácilmente detectable. Por ejemplo, los explosivos están numerados por la institución que genera los explosivos, de tal manera que es muy rápida la detección de quién vende o quién compra qué en el mercado negro”, precisó.
Mencionó que la tercera cadena es de lavado de activos. “Es una cadena que empieza desde Pataz y termina en La Libertad, Chiclayo, Trujillo y Chimbote. Luego otro fenómeno importante son las plantas procesadoras en Chiclayo, hay plantas demoledoras y chancadoras muy grandes que se han instalado aproximadamente. Hay entre 6 o 10 en el mercado legal, pero se dice que hay muchos más”, agregó.
Sostuvo que el Gobierno no tiene una especie de visión territorial de lo que sucede. “Se cree que Pataz es solamente Pataz y alrededor no existe nada, lo cual es absolutamente falso. Es una cadena de criminalidad alrededor de la minería ilegal que se ha formado junto al narcotráfico. Hay una cadena inmensa que empieza en la sierra norte de Huaraz, tiene conexión con esta zona de Leoncio Prado que tiene un corredor que va a Tocache, Huacrachuco, Siguas y allí se conecta con la cierta liberteña”, subrayó.
“Si no tenemos una visión amplia y solamente pensamos que el tema solamente es en Pataz y no es en Huamachuco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, etc. Si no consideramos que la minería ilegal se mueve en todas partes, entonces lo que estamos haciendo es tener una visión absolutamente paliativa y muy particularista de la minería ilegal. Es un fenómeno que se entiende de manera territorial, no de manera particular”, subrayó.
