RCR , 18 de Marzo 2022 .- Humberto Abanto, abogado procesalista penal, sostuvo que el Gobierno ha cometido el error de pronunciarse en contra de la sentencia del TC que restituye el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori. Precisó que el presidente Pedro Castillo, el premier Aníbal Torres y el canciller César Landa deben cumplir con su deber constitucional de ser neutrales.
“El Gobierno ha cometido el gravísimo error de pronunciarse, un gobierno no puede pronunciarse por un caso particular y mucho menos de una sentencia del TC, porque politiza la decisión jurisdiccional”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Remarcó que el Gobierno por mandato de la Constitución tiene el deber de cumplir y hacer cumplir las resoluciones jurisdiccionales. “Cuando sale el premier con un tuit de que el TC debe desaparecer y sale el canciller Landa dice que esta sentencia debe ser anulada, lo que están expresando son posiciones de partes procesales cuando les corresponde ser neutrales y cumplir con su deber constitucional”, indicó.
“Es una pena que Landa muestre este nivel de ignorancia constitucional y de falta de criterio por incumplimiento de sus responsabilidades como ministro de Estado. Es una pena que no tenga la capacidad suficiente de autocontrol ante una situación desagradable. Ellos ejercen poder público y cuando dicen que tienen derecho a criticar las resoluciones jurisdiccionales les tengo que recordar que no están hablando como ciudadanos, sino como agentes de poder”, expresó.
Enfatizó que la decisión del TC como tal no puede ser objeto de impugnación alguna. “Lo que ocurre es que como el Perú es parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos y dentro de este sistema se produjeron algunas sentencias como los casos Barrios Altos y La Cantuta, que condenaron al Perú por graves violaciones a los derechos humanos. En esos casos, que ameritaron la condena a Fujimori, los familiares tienen el derecho de acudir a la CIDH”, precisó.
“La CIDH el 2018 tuvo un pronunciamiento sobre el indulto en el que tibiamente insinuó la necesidad de anularlo. Hay una desgracia para Alberto Fujimori y es que conforme a la actuación del presidente y del premier y el canciller, el Perú como Estado parte se allanará a cualquier requerimiento de los deudos de La Cantuta para que se anule este indulto”, apuntó.
Estado peruano no se va a defender ante la CIDH
Advirtió que el Estado peruano no se va a defender ante la CIDH y aceptaría la anulación del indulto. “Fujimori y su defensa no estarán presentes en la CIDH, será decidido sin escuchar su defensa, porque supuestamente el Estado agresor y los individuos agresores no toman parte en el proceso. Yo le vaticino al procurador Huertas Guerrero llevando la voz del Estado peruano para decir que el gobierno del Perú se aviene a las solicitudes que planteen los familiares en los casos Cantuta y Barrios Altos”, dijo.
“La CIDH va a fulminar el indulto y Fujimori va a regresar al penal. Ya se agotaron todas las instancias nacionales. Habló la Corte Suprema, habló el TC, ya queda habilitada la jurisdicción de la CIDH y como país signatario tenemos que respetar eso”, afirmó.
Recalcó que la CIDH inhabilitaría el indulto presidencial y procuraría que Alberto Fujimori termine como el criminal de guerra nazi Rudolf Hess, muerto en la prisión. “El Perú va a estar representado por el procurador Huertas Guerrero, que va a llevar la voz de esa gente y va a repetir lo que dice esa gente”, apuntó.
Señaló que es necesario empezar a promover la reforma del sistema interamericano de protección de derechos humanos, porque se ha permitido el juicio de la CIDH contra el Estado parte, con la participación de las víctimas, pero no se permite participar a los particulares a los que se atribuye la violación de los derechos humanos. “Si el Estado decide no defenderse, un particular termina afectado por un fallo del sistema interamericano y perjudicado por eso”, anotó.
