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GLAVE Y REGIDORES DE VILLARÁN TIENEN RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS CON ODEBRECHT Y OAS

Presidente del Instituto Peruano de Administración Municipal (IPAM), Marco Tulio Gutiérrez manifestó también que el reconocimiento tardío de su culpabilidad, por parte de la exburgomaestre de Lima, Susana Villarán, ha sido producto de una pésima estrategia política–mediática que se ha convertido en un “boomerang” para ella.     

RCR, 14 de mayo 2019 .-  Los regidores del entorno cercano a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, especialmente de los integrantes de las cuatro comisiones municipales que los aprobaron, entre ellos Marisa Glave, tienen responsabilidad por la suscripción de los cuestionados contratos de la Línea Amarilla y Rutas de Lima, con las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, denunció el presidente del Instituto Peruano de Administración Municipal (IPAM), Marco Tulio Gutiérrez.

“Sí claro… En el caso de la municipalidad de Lima… quienes otorgaron los contratos fueron los regidores, con la excepción de los que votaron en contra. Lo que hemos identificado, en una comisión evaluadora de la legalidad de los contratos (con las empresas brasileñas) en el Colegio de Abogados de Lima, es que tenemos que hablar, cuando se trata de votaciones, de dos grupos de regidores: 1- hay los que emiten el dictamen, y les dicen a sus compañeros ´todo está correcto, voten a favor¨.  Y 2- los que votan al final”, subrayó.

Indicó que en el primer grupo están cuatro regidores, presidentes de las comisiones que dictaminan en conjunto: defensa del consumidor, transporte urbano, desarrollo urbano, etc.

“Y dentro de ese grupo de cuatro está, lógicamente, Marisa Glave, en la gestión de Susana Villarán. Y hay otros tres más. (Uno de ellos) creo que (Eduardo) Zegarra. Ellos son los que suscriben el dictamen”, anotó.

Agregó que en el caso de los regidores, la ley es bien clara: ellos son responsables por los votos que emiten. “Y pueden salvar su voto salvo que lo hagan constar expresamente en actas”, apuntó.

“Este grupo de cuatro regidores, presidentes de comisiones, tuvo la responsabilidad de analizar, evaluar, tomarse su tiempo, dos o tres meses, para luego decirles a sus colegas regidores: señores, todo está OK. Voten a favor. Ellos han sustentado esto”, especificó.

De igual modo, exregidor refirió que la jefa de la campaña municipal por el No contra la Revocatoria, Anel Townsend, no aparece y ni está comprendida en el proceso contra Susana Villarán.

En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Gutiérrez manifestó también que el reconocimiento tardío de su culpabilidad, por parte de la exburgomaestre de Lima, Susana Villarán, ha sido producto de una pésima estrategia política–mediática que se ha convertido en un “boomerang” para ella.

“Ella, si desde el comienzo hubiera decidido colaborar con la justicia, no debió haber esperado a que los tambores anunciasen su (inminente) visita a la cárcel, (para) hacer el reconocimiento de que ella fue, sin el arrepentimiento…  Ella pensó (equivocadamente) que iba a generar una corriente de simpatía y de pena. Ahora, es un tema penal. Lo político ya pasó hace seis años”, enfatizó.

Asimismo, fue enfático en expresar que la ley es muy clara en señalar que el alcalde metropolitano es el representante legal del municipio de Lima.

“Y, lógicamente, él tiene que asumir la responsabilidad de hacer las cosas con cuidado. Y el juez evaluará si el alcalde tomó todas las previsiones necesarias para esto (las irregularidades) no ocurran”, remarcó.

El exregidor metropolitano de Izquierda Unida explicó que, en la legislación municipal, específicamente en el tema relacionado con las Asociaciones Público-Privadas (APP), quien declara de interés privado es el Concejo Municipal. “Y luego, quien aprueba el otorgamiento de la concesión; es decir, quien autoriza la suscripción del contrato (también) es el concejo municipal, integrado por los regidores”, aseveró.

“Desde Fujimori hasta el segundo gobierno de Alan García hubo un esquema de concursos, en el tema de las concesiones con iniciativa privada…  En el gobierno de García, la cosa cambia y esquema se modifica para establecer esta suerte de ´negociación tras bambalinas´ que permitió que, en estos casos de Odebrecht, se presentaran este tipo de iniciativas (irregulares)”, detalló.

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