RCR, 15 de Junio 2022 .- Luis Lamas Puccio, abogado procesalista penal, sostuvo que el fiscal de la Nación debe iniciar una investigación preparatoria contra el presidente Pedro Castillo Terrones, tras la revelación de Zamir Villaverde, quién indicó ante el Ministerio Público que entregó al mandatario montos por 100 mil, 50 mil, y cinco mil soles. Señaló que existen suficientes elementos de convicción para pasar de la etapa indagatoria a la preparatoria.
“En esta dinámica sería importante que el fiscal tomara una decisión. Si se trata de elementos de convicción, están la información de los colaboradores eficaces, las testimoniales y los audios, toda la información documentada cronológicamente, que denotan una vinculación entre las personas investigadas y los hechos imputados. Es lo que se conoce como los elementos de convicción”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Manifestó que en otros casos más sencillos se ha pasado automáticamente de la etapa de la indagación a la investigación preparatoria. “En este caso nos podemos pasar meses y meses indagando, a pesar de la contundencia de las pruebas, de los de los actos y de los indicios que todos los días vemos en los medios de comunicación, pero sin embargo se sigue indagando”, indicó.
“Hay casos mucho más complejos en los que la fiscalía automáticamente ha formalizado una investigación preparatoria y a pedido inmediatamente la detención de 36 meses a las personas investigadas, mientras que acá seguimos indagando y especulando, a pesar de que todos los días sale información que involucra directamente a las altas esferas del poder”, remarcó.
Se quieren dilatar las investigaciones
Expresó que al parecer hay de por medio un cierto ánimo de tratar de alargar estas investigaciones, pidiendo nulidades, acciones de tutela, acciones de control, negándose a asistir a las diligencias y una serie de gestiones procesales. “Si bien es cierto que las leyes procesales penales lo permiten, lo real y lo concreto es que seguimos en la etapa de la indagación frente a un panorama evidentemente vinculado a temas de responsabilidad penal”, afirmó.
“No digo que hay una definición en materia de responsabilidad penal, pero estos hechos ni siquiera son indicios, son pruebas evidentes que demostrarían de que por lo menos hay la imperiosa necesidad de formalizar una investigación preparatoria”, remarcó.
Declaró que hay graves hechos de corrupción en la que se establece vinculaciones con las altas esferas del poder. “El develamiento de Bruno Pacheco, de Zamir Villaverde, de Karelim López y los sobrinos del presidente, son situaciones más que evidentes, que ponen sobre el tapete, que era materialmente imposible que el presidente de la República (teniendo su secretario al costado, teniendo sus sobrinos al costado) no conociera mínimamente de lo que estaba pasando en su entorno”, precisó.
Explicó que en esta primera gran etapa hay tres momentos. “El de la indagación, de la investigación y de la acusación. Cada uno de estos momentos tiene sus propias características, exigencias y limitaciones. Lo que está haciendo actualmente el fiscal de la Nación es solamente indagar, todavía no está propiamente investigando de acuerdo a las normas procesales penales”, apuntó.
Organización criminal
También dijo que todo apunta a que existe una organización criminal en el Gobierno. “Por supuesto. Esto lo hacía un conjunto de personas, que en muchos casos tenían funciones públicas en las que para lograr lo que se logró y lo que se conoce, necesariamente tenían que coordinar, establecer redes de comunicación, programar una serie de actividades a un nivel organizativo, había liderazgo, habían personas que tenían capacidad de poder dirigir las actividades dentro de la organización, había compartimentaje dentro de la organización, unos eran visitadores, otros eran empresarios, otros eran funcionarios, otros tomaban las decisiones”, señaló.
“Había una serie de insumos, se arreglaban los procesos de licitación, había de por medio la comisión de hechos que están tipificados como delitos, soborno, cohecho, tráfico de influencias, que son las exigencias legales que se requieren para poder hablar de una organización criminal. Había liderazgo, una persona en la cúpula de la estructura tomaba la decisión. Si queremos hablar de organización estás exigencias se estarían cumpliendo”, subrayó.
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