RCR, 22 de agosto de 2025.- El reciente reporte del Instituto Fraser de Canadá, que evalúa la percepción de ejecutivos y especialistas internacionales sobre la competitividad minera en distintas jurisdicciones del mundo. En el caso del Perú, el país pasó del puesto 59 al 40, considerando que abarcan indicadores como estabilidad política, seguridad, marco legal y tributario, hasta acceso a energía y calidad de recursos geológicos.
El consultor en temas de minería, desarrollo, energía y gestión social, Fernando Castillo Torres, destacó que el Perú mantiene una posición privilegiada en riqueza mineral, ubicándose entre los 25 primeros, sin embargo, alertó que, si no se reponen reservas mediante exploración, el país podría perder competitividad en el futuro inmediato. Agregó que existe una preocupación por la minería ilegal, inestabilidad política y reglas claras.
“Al graficar todas estas columnas del índice Fraser, permite que el inversionista vea si viene o no viene a Perú, y según lo que se ha podido analizar, los inversionistas en materia de exploraciones fundamentalmente en tema minero, toman en cuenta el recurso geológico que lleva por un 60% del ponderado de decisión y las condiciones del país, pero la percepción del inversionista sigue siendo pésima en esa materia”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que uno de los principales problemas que afectan la posición del Perú es la inestabilidad política y la conflictividad social, y el país figura en los últimos lugares en estabilidad política y en temas comunales, aspectos que representan cerca del 40% del peso de decisión para una inversión minera.
“Estamos entre los últimos lugares en seguridad, en puesto 65 del 82, entonces cuando tú ves el sacar adelante un proyecto minero, no depende de lo que haga exclusivamente el Ministerio de Energías y Minas, sino que tiene que ver mucho con otros elementos, e indudablemente la minería ilegal es un elemento en el que coexisten todos los elementos perniciosos de la economía”, expresó.
Respecto a la lucha contra la minería ilegal, Castillo reconoció avances recientes, como la depuración del padrón de reinfos, que eliminó a más del 60% de mineros inscritos sin sustento técnico. Sin embargo, advirtió que aún quedan grandes retos en zonas como Huánuco, Jaén, San Ignacio y el Putumayo, donde las dragas y actividades ilícitas se expanden a vista de todos. “Con los ilegales no se dialoga, se aplica la ley. De lo contrario, se generan espacios liberados”, afirmó.
Asimismo, saludó la elaboración de un proyecto de Ley MAPE que busca ordenar la pequeña minería y minería artesanal, aunque alertó que el debate en el Congreso podría distorsionar el contenido técnico original. Además, cuestionó el rol de algunos partidos y organizaciones que, en nombre de la defensa ambiental, terminan promoviendo la ampliación de plazos a mineros informales, lo que favorece indirectamente al crimen organizado.
Finalmente, recordó que, pese a estos problemas, la minería formal sigue sosteniendo indicadores macroeconómicos positivos, como un crecimiento superior al 3% y la inflación más baja de la región. “Es necesario no perder de vista la inestabilidad política y las economías ilegales que mueven alrededor de 12 mil millones de dólares, y que incluso están condicionando la agenda de inversión y podrían comprometer el futuro de proyectos estratégicos”, subrayó.
