RCR, 28 de noviembre de 2025.- El consultor internacional en temas de minería y energía, Fernando Castillo, señaló que la economía peruana se sostiene en gran parte sobre un nivel de informalidad superior al 80 %, lo que genera un flujo de dinero que no pasa por mecanismos regulatorios. Agregó que la minería ilegal sigue siendo una preocupación para los inversionistas porque fomenta las economías ilegales y afecta los temas de seguridad.
“El avance de economías ilegales, como la minería artesanal no formalizada, la minería ilegal y actividades asociadas a la trata, narcotráfico y contrabando continúan siendo uno de los principales factores de riesgo para la inversión, tanto por el daño económico como por el impacto social”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Indicó que el país pierde entre 7 y 10 mil millones de soles cada año por competencia desleal en bodegas y distribuidoras, lo que destruye miles de empleos familiares. “Cuando cierra una bodega o una pollería, no solo pierde una familia, se rompe una unidad económica que emplea a cinco o seis personas”, enfatizó.
Castillo precisó que algunas iniciativas que podrían agravar el problema, como el proyecto de ley que propone elevar de 350 a 5.000 toneladas diarias la capacidad de procesamiento del pequeño productor minero. “Ese incremento desbordaría las normas ambientales, sociales y operativas vigentes. Multiplicaría por doce la producción sin añadir un solo requisito adicional”, advirtió.
Sostuvo que la producción de oro ilegal ya iguala a la formal y podría superar el 60 % en 2026 si no se toman medidas. En ese sentido, mencionó que el debilitamiento del aparato estatal para combatir la ilegalidad se debe a la falta de equipamiento y los sistemas de interceptación usados contra el narcotráfico están vencidos desde hace tres años.
“El Estado tiene herramientas, pero sin decisión política no se aplican. No hay control satelital, no hay logística, no hay operatividad, dependemos de policías de a pie, sabiendo que nuestro país atraviesa un período especialmente frágil debido al clima preelectoral, donde funcionarios temen firmar documentos en los últimos meses de gobierno y muchas entidades paralizan decisiones clave», comentó
Manifestó que los gestores públicos ya saben lo que viene y detienen expedientes por temor a responsabilidades. “Pese a ello, aún existe margen para decisiones firmes que eviten un deterioro mayor. Entonces, la clave es recuperar la autoridad del Estado y garantizar seguridad jurídica para todos los sectores”, subrayó.
En otra línea, se refirió a las recientes condenas contra los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo, quienes se sumaron a la lista que ya incluye a cuatro exmandatarios con prisión efectiva o domiciliaria.
“Ya no se puede hablar de una facción corrupta, todas las organizaciones políticas han demostrado tener grietas profundas, y esto evidencia la magnitud de la corrupción, que ha alcanzado incluso los niveles más altos del Estado”, anotó.
Remarcó que, desde una mirada internacional, el Perú es percibido como un país donde no existe impunidad, a diferencia de otras naciones de la región, y los capitales de largo plazo buscan estabilidad jurídica, cumplimiento normativo y predictibilidad, elementos que, pese a la inestabilidad política, aún preserva.
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