RCR, 14 de enero de 2025.- El director de la organización privada Defensoría Nacional Anticorrupción, Eduardo Herrera, sostuvo que las reuniones realizadas de forma oculta por un alto funcionario no son correctas, ya que la transparencia es un principio elemental en el ejercicio de dicho cargo
Según explicó Herrera en RCR, el presidente tiene derecho a una vida privada mínima, pero la naturaleza del encuentro y la explicación brindada refuerzan las sospechas de que existen motivos adicionales detrás de la cita en el chifa.
Además, calificó como nadie cree el argumento de que el encuentro fuera para coordinar celebraciones por el día de la amistad peruano-china. Señaló que los antecedentes del empresario, quien posee vínculos con Nicanor Boluarte e intereses en obras hidroeléctricas, contradicen la justificación del mandatario y acrecientan las sospechas sobre la finalidad real de la reunión.
El director de la Defensoría Nacional Anticorrupción consideró que los hechos registrados constituyen una falta ética y no ameritan una responsabilidad mayor como la vacancia presidencial. Agregó que el país no soportaría un nuevo proceso de vacancia a poco tiempo de las elecciones y cuestionó la idoneidad de los posibles sucesores políticos en el escenario de una eventual destitución.
Similitud entre la reunión en el chifa y el caso Sarratea
Eduardo Herrera, comparó el secretismo del actual mandatario con las reuniones ocultas realizadas por el expresidente Pedro Castillo en la casa de Sarratea.
Herrera enfatizó que el presidente de la República ejerce el cargo las 24 horas y que no existe justificación para actuar de forma oculta o con excesivo secretismo en actividades cotidianas.
Además, afirmó que el empresario con el que se reunió el presidente carece de representatividad en las instituciones oficiales de la colonia china en el país. Herrera señaló que este tipo de coordinaciones protocolares corresponden a la cancillería o instituciones gremiales, por lo que la intervención directa del mandatario supone un mal uso del tiempo destinado a las funciones del Estado.
