RCR, 20 de noviembre 2025.-La Presidenta del Capítulo de Ingeniería Geológica del Colegio de Ingenieros del Perú, Sandra Melisa Ramírez Arias, advirtió que la insistencia del Congreso de la República en ampliar el Reinfo por dos años más, y dejar sin efecto la exclusión de más de 50,000 personas que no cumplieron con el proceso de formalización, genera un riesgo enorme de inseguridad para la población peruana.

Ramírez Arias manifestó que el Reinfo debe culminar el 31 de diciembre de este año, como estaba estipulado, pues su extensión avala la ilegalidad en la minería y contribuye al incremento de la inseguridad en el país.

Agregó que el gremio de geología no está de acuerdo con el dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas, el cual extiende el Reinfo hasta el 2027, considerando esta acción contraproducente para la paz nacional.

Ramírez Arias, planteó como solución que el Reinfo finalice el 31 de diciembre y que se continúe con la evaluación de los expedientes de aquellos que están en proceso de formalización y tienen la intención de formalizarse, diferenciando estrictamente entre informalidad e ilegalidad.

Además, sugirió que la gestión de expedientes se centralice en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), ya que la descentralización a través de las direcciones regionales de minería fue una «muy mala idea».

La minería ilegal invade las concesiones formales y origina pasivos ambientales

La Presidenta del Capítulo de Ingeniería Geológica del Colegio de Ingenieros del Perú explicó que la minería ilegal implica la invasión de concesiones que operan dentro de la formalidad y contribuyen al Estado peruano mediante el pago de derechos.

Agregó que los invasores ilegales generan pasivos ambientales que, por ley, deben ser asumidos por el titular de la concesión formal. La ingeniera señaló que esta situación avala la ilegalidad, pues no solo se extrae mineral ilícitamente, sino que también se genera delincuencia, matanzas y se ataca la paz social, constituyendo una falta grave al estado de derecho y una parte inconstitucional para el Estado.