Fuente: Diario Exitosa 

Mano dura. Decreto legislativo, promulgado ayer, incluye a funcionarios que llegaron al cargo por elección popular.

El Ejecutivo promulgó ayer un decreto legislativo que determina que los servidores públicos que promuevan o favorezcan al tráfico ilícito de drogas serán expulsados, aunque ejerzan un cargo de elección popular, e inhabilitados de laborar en el Estado.

El dispositivo legal, aprobado en el marco de las facultades legislativas delegadas, amplía los alcances de los decretos legislativos 1243 y 1295, y señala que los funcionarios autores de los delitos mencionados quedarán inhabilitados, lo cual conduce a la privación de sus funciones, cargo o comisión, aunque estos provengan de elección popular.

Asimismo, según la norma, estarán incapacitados o impedidos para obtener mandato, cargo, empleo, o comisión de carácter público.

De acuerdo a la norma, serán pasibles de esas sanciones quienes posean drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas para su tráfico ilícito.

Además de la inhabilitación, serán reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de seis ni mayor de doce años y con ciento veinte a ciento ochenta días multa.

Igualmente, serán inhabilitados quienes tomen parte de una conspiración de dos o más personas para promover, favorecer o facilitar el tráfico de drogas, además de pena de cárcel no menor de cinco ni mayor de diez años y sesenta a ciento veinte días-multa.

El decreto también inhabilita para el ejercicio de la función pública al que comercialice o transfiera semillas de amapola o marihuana y aplica penas de cárcel de entre cinco y diez años.

Se excluye de los alcances de lo establecido en el presente artículo cuando se haya otorgado licencia para la investigación, importación, comercialización y producción del cannabis y sus derivados con fines terapéuticos y medicinales.

No obstante, será reprimido con la pena máxima más el cincuenta por ciento de la misma al funcionario que otorgue irregularmente la licencia o la autorización referida.

Facultades legislativas

Este decreto se promulgó en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo en materia de integridad y lucha contra la corrupción durante 60 días calendario.

Según el Ejecutivo, es necesario evitar el ingreso a la administración pública de los condenados por los delitos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y tráfico ilícito de drogas.