RCR, 22 de julio 2026.- El exministro de Educación, Idel Vexler Talledo, saludó la decisión técnica de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) de rechazar la inscripción de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATEP) en el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos (ROSSP).

Tras conocerse la resolución emitida por la autoridad laboral que declaró improcedente el pedido del gremio y dispuso el archivo del expediente, Vexler sostuvo que el presidente de la República, José María Balcázar, así como los titulares de las carteras de Trabajo y Educación, deben acatar el fallo técnico sin injerencias políticas.

“Existía un evidente interés desde el Ejecutivo por otorgar reconocimiento legal a la FENATEP con miras a intervenir en la gestión de la Derrama Magisterial, la institución de previsión social del magisterio nacional”, dijo en entrevista a Red de Comunicación Regional (RCR)

«Había la intención del presidente Balcázar y de los ministros de Trabajo y Educación de reconocer a esta organización para tomar la Derrama Magisterial, lo cual sería completamente ilegal al existir una opinión técnica contraria y fundamentada del propio ministerio», enfatizó el ex titular del Minedu.

El exministro recordó además los cuestionamientos sobre los vínculos del gremio con el Movadef, brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso, motivo por el cual consideró fundamental la rigurosidad técnica mostrada por la Autoridad Administrativa de Trabajo.

Los fundamentos del rechazo técnico

La postura de Vexler coincide con las observaciones de la resolución suscrita por la Directora (e) Maribel Aróstegui Rodríguez. En el documento oficial, el MTPE determinó que el escrito de subsanación presentado por la FENATEP no resolvió las deficiencias normativas de su estatuto interno, incurriendo en serias infracciones constitucionales y legales:

Vulneración de la libertad sindical: Se imponían barreras como la exigencia de una «mayoría calificada» para que los sindicatos bases puedan desafiliarse voluntariamente.

Injerencia y control centralizado: El texto imponía una estructura «centralizada y jerarquizada» que restaba autonomía a los sindicatos de primer nivel.

Vacíos y vicios orgánicos: Se otorgaba representación en Congresos Nacionales a delegados de estamentos no previstos en la estructura del estatuto, y se incurría en imprecisiones respecto a la aplicación de sanciones disciplinarias.

Debido al incumplimiento del Reglamento de la Ley del Servicio Civil (Ley N.º 30057) y del TUPA institucional, la Autoridad Administrativa declaró denegada la solicitud. Aunque la norma permite a la FENATEP interponer un recurso de apelación bajo la LPAG, la opinión técnica del sector laboral deja un precedente determinante respecto a los requisitos constitucionales que debe cumplir cualquier organización del sector público.