Pedro Gamio, consultor en proyectos de desarrollo y exviceministro de Energía, dijo que el renunciante ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, debió de inhibirse de participar en brindar consultorías a dicha cartera y a la empresa Odebrecht para evitar que estalle un escándalo por un posible conflicto de intereses.
RCR, 13 de febrero de 2020.- “Cuando una persona ha prestado servicios en una materia específica como es el proyecto Gasoducto lo prudente es inhibirse de participar de esa reunión para evitar que nadie pueda decir que hubo un posible conflicto de interés”, indicó el especialista a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Consideró que “lo recomendable hubiera sido que otra autoridad de una forma transparente atienda el pedido del otro ministerio, pero no la misma persona que antes intervino de alguna forma en la materia”. “Esa es una infracción administrativa de acuerdo a la norma peruana”, dijo.
Señaló también que la demanda de Odebrecht que afronta el Estado peruano “es un tema que obliga definitivamente a una estrategia integral”. “Ahí el Estado tiene que defenderse planteando que ha habido actos ilícitos que deben ser sancionados conforme a la ley penal”, indicó.
“Lo importante de esto es hacer que el tema del reconocimiento de pagos ilícitos se vuelva un factor clave en la estrategia de defensa del Estado para que una vez que se venda estos a estos activos sirvan para pagar cualquier deuda pendiente y también cumplimiento obligaciones por parte de quién tuvo la responsabilidad de hacer realidad este proyecto”, remarcó.
En ese sentido, comentó que “las evidencias el acta respectiva donde los socios del consorcio reconocen que habido pagos ilícitos tienen que ser puestas en conocimiento de los árbitros, en el sentido de que hay un proceso penal en curso y que incluso hay un acuerdo de la relación y de repente porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal”.
“En resumen una cosa es la sentencia de quienes participaron en actos de corrupción pero también el otro tema que tenemos que defender los peruanos es que el patrimonio del Estado sea defendido. Ese es un tema crucial, porque hay una concesión que debió ser cumplida de una forma transparente. Si habido sobrecostos e incumplimiento y hay responsabilidades todavía por dilucidar, cómo se va a tomar una decisión sin tener clara lo que ha sucedido y quiénes han sido los responsables”, manifestó.
Afirmó que “el tema es evitar las cuerdas separadas”. “Hay que evitar que los temas administrativos y del contrato dónde está el patrimonio del Estado vayan resolviéndose de forma independiente al proceso penal. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal y el patrimonio del estado tiene que ser defendido, entonces tiene que haber una estrategia integral y el Ministerio de energía y minas de participar en apoyo de la procuraduría y del Ministerio Público”, dijo.
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