Fuente: Defensoría del Pueblo
Cinco de las 34 familias afectadas pernoctan frente al Ministerio de Salud desde el 17 de febrero.
El problema se remonta a julio del 2015. Hasta la fecha no se cumple con atender satisfactoriamente la salud de las niñas y niños.
La Defensoría del Pueblo recomendó a la ministra de Salud adoptar, a la brevedad posible, las medidas que resulten necesarias para brindar la atención que corresponde a 34 familias afectadas y en particular a las niñas y los niños de 5 familias que pernoctan desde hace más de una semana frente al Ministerio de Salud. Del mismo modo, se exigió el cumplimiento de los compromisos suscritos y superar las limitaciones referidas a la demora y deficiencias en la calidad del tratamiento médico, la falta de evaluación periódica y continua de la situación de los menores de edad, y la poca claridad y oportunidad de la información.
Cabe recordar que desde junio del 2017 se declaró la Emergencia Sanitaria en los distritos de Chaupimarca y Simón Bolívar de la provincia y departamento de Pasco. Frente a ello el Estado, asumió compromisos ineludibles respecto de la atención de la salud de las niñas, niños y adolescentes de los referidos distritos. En ese sentido, con fecha 23 de agosto del 2018, el Ministerio de Salud firmó un acuerdo con las familias afectadas asumiendo la responsabilidad de continuar con el tratamiento médico para las niñas y niños, de manera individual y especializada e incluso en el extranjero de acuerdo a los diagnósticos médicos que se emitan y los procedimientos que deban aplicarse. Sin embargo, dicho compromiso continúa pendiente de ejecución.
Esta falta de atención, vulnera el derecho a la salud consagrado en el artículo 7° de la Constitución Política del Perú, el artículo 21 del Código de Niños y Adolescentes y el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta última reconoce el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud, por lo que el Estado peruano tiene la responsabilidad de garantizar el respeto de este derecho y asegurar que ningún niño o niña sea privado del mismo.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo exige que las demandas de las familias afectadas, sean atendidas de forma urgente, debido a la grave afectación de la salud de las niñas, niños y adolescentes afectados por la contaminación de metales pesados, quienes se encuentran a la espera de recuperar su salud y bienestar, para continuar sus proyecto de vida.
