Fortunata Palomino, presidenta de las Ollas Comunes en Lima Metropolitana, indicó que el gobierno solo cubre un 20% en compra de alimentos. Asimismo, solicitan la intervención de la Defensoría del Pueblo para la supervisión de cada Olla Común con el fin de lograr una mejor gestión y que la ayuda llegue a las personas más vulnerables.  

“A nivel nacional tenemos 3272 ollas comunes, el 62.90% son de Lima Metropolitana, son ellos quienes alimentan a diario a más de 222 803 familias, es por ellos que seguimos esperando el ansiado presupuesto, con esto solicitaremos los mecanismos y los trabajos que queremos seguir haciendo”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

“La Olla Común funciona con cierta cantidad de beneficiarios, no hay un límite, puede haber 60 socias que cocinan 180 a 200 platos diarios, cobran S/. 1.50 por cada plato de comida porque no podemos cobrar más por un menú. Solo se hace desayuno y almuerzo, cuando hay donaciones hacemos cena, pero muchas veces solo se recibe una vez”, mencionó.

Remarcó que la ayuda que reciben las Ollas Comunes es muy precaria. “Seguimos resistiendo con los pocos recursos que nos ha dado el gobierno hasta el mes de diciembre. El 20% lo cubre el gobierno, y el resto nosotros tenemos que autogestionarnos, recuperando alimentos del mercado Santa Anita, donde felizmente tenemos un convenio, esperemos que la nueva autoridad nos siga dando esta facilidad”, señaló.

“La ministra Dina Boluarte había presentado una solicitud el 20 de octubre de S/. 120.000 millones para el presupuesto del 2023, pero no había sido considerado. Es por eso que hicimos marchas, solicitudes con los asesores de las congresistas, que han tratado de introducir hacia la comisión de presupuestos y desde ahí se ha considerado S/. 100.000 millones para el próximo año”, manifestó.  

“En Lima las que se hacen cargo de cocinar son 4 personas, pero tenemos 120 asociados donde 20 de ellos no pagan ni un sol porque son personas de extrema pobreza, están con una enfermedad terminal o son madres solteras, pero muchas de ellas nos ayudan en quehaceres, sin embargo, hay otras que no, pero no podemos dejar de atenderles porque es un derecho a la alimentación”, agregó.

“No podemos bajar las raciones porque se quedarían con hambre, pero sí tratamos de buscar lo más económico para que se complete nuestra canasta. Tenemos convenio con “A comer pescado” quienes nos traen pescado cuando está barato, así tratamos de buscar lo más cómodo, entre todas hacemos maravillas”, explicó. 

Señaló que han solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo para que puedan supervisar cada Olla Común. “Las compras lo hacen el MIDIS quienes transfieren a las municipalidades y son ellos quienes entregan los productos. Hemos planteado y está trabajándose con el comité de acompañamiento transparencia para que sean bien utilizados, así como pedimos una gestión mediante las defensorías del pueblo y la contraloría, que vayan olla por olla, que vean los almacenes, que verifiquen los padrones porque nosotros queremos que haya mejor transparencia”, subrayó.