- Perú Compras está a cargo de esta compra corporativa obligatoria, para generar ahorro por volumen.
Lima, 03 de marzo de 2026.- Un total de 249 entidades de 22 regiones han confirmado su participación en la compra corporativa obligatoria de papel y materiales de oficina y limpieza, las cuales tienen hasta el 6 de marzo de 2026 para registrar su información y adjuntar sus documentos en la plataforma de Catálogos Electrónicos de la Central de Compras Públicas (Perú Compras).
Luego de completar toda la documentación y detallar la cantidad de bienes que demanda cada entidad, Perú Compras podrá unir los requerimientos para lograr mejores precios por volumen. Posteriormente, realizará el procedimiento de adquisición a través de los Catálogos Electrónicos.
Regiones
Participarán en esta compra masiva 13 entidades de la región Cusco y 13 de La Libertad; 12 entidades de Arequipa, 11 del Callao y 10 de Piura. También se han sumado entidades de Huánuco, Lambayeque, Puno, Cajamarca, Áncash, Tacna y más regiones.
Cronograma
En aras de la transparencia y de brindar información accesible a la ciudadanía, Perú Compras ha publicado el cronograma de registro de requerimientos de esta compra corporativa obligatoria.
Las entidades participantes deben registrar la información y documentación hasta el 6 de marzo de 2026; posteriormente, del 13 al 17 de marzo, se realizará la subsanación de observaciones.
Luego de haber quedado consolidada la agregación de demanda, el 24 de marzo se iniciará la Gran compra, a través de los Catálogos Electrónicos, con la emisión de proformas (25 al 26 de marzo). Finalmente, la emisión de las ordenes compra se realizará del 30 de marzo al 7 de abril del presente año.
Cabe señalar que, en este tipo de contratación, corresponde a la Central de Compras Públicas encargarse del proceso hasta la selección de proveedores y cada entidad participante debe generar las órdenes de compra, coordinar las entregas y realizar los pagos correspondientes.
La compra corporativa obligatoria es una estrategia de contratación que permite al Estado agrupar la demanda de bienes comunes para obtener mejores precios, mayor calidad y reducir los tiempos de adquisición, con el objetivo de hacer más eficiente el uso de los recursos públicos y brindar mejores servicios a la ciudadanía.
