RCR, 15 de Noviembre 2023 .- Nelly Herminia Aedo Rueda, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, informó que el Estado no ha intervenido en más de 60 comunidades indígenas, para la aplicación de vacunas contra el COVID-19 desde el 2021. Señaló que varias gestiones de gobierno han sido deficientes en atender la salud de la población nativa.
“A diciembre del 2022, que es cuando se cerró la etapa de supervisión de campo, advertimos que aún faltaban 64 comunidades indígenas pendientes de ser intervenidas en estas zonas. Es decir, había 64 comunidades indígenas a las que todavía el Estado no había logrado ingresar para realizar el proceso de vacunación”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Señaló que la Defensoría del Pueblo ha presentado un informe producto del seguimiento permanente que ha realizado la institución al proceso de vacunación en las comunidades indígenas, en especial las vacunas contra el covid-19. “Este proceso de seguimiento de supervisión lo hemos efectuado desde el 2021, en cuya oportunidad se presentaron primeras recomendaciones y ha continuado durante el 2022 y 2023”, indicó.
“En esta oportunidad la Defensoría ha presentado un balance a nivel nacional con una muestra importante de 11 departamentos que han sido supervisados: Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. Son departamentos con alta población indígena y amazónica, aunque en Puno y Cusco se ha comprendido a la población indígena andina con un alcance total de 123 micro redes de salud supervisadas, las cuales comprenden 655 establecimientos de salud”, precisó.
Sostuvo que no se ha contado desde el inicio con una planificación adecuada a pesar de los esfuerzos que ha realizado el Estado. “Por ejemplo, 37 de 123 micro redes de salud indicaron no contar con un padrón de vacunación para pueblos indígenas. Esta situación sin duda limita la adecuada planificación en cuanto a personal, temas logísticos, ingreso de brigadas y conocimiento también del territorio que las micro redes atienden de cara a la ciudadanía indígena”, afirmó.
Informó que son varias gestiones las que han estado presentes en la etapa de la atención de la pandemia. “La Defensoría advierte que el abandono de la situación de salud en las comunidades es un problema estructural. Apenas tres de cada 10 comunidades nativas cuentan con un establecimiento de salud en su territorio. Es decir, las siete comunidades restantes simplemente no pueden acceder al servicio de salud y aquellas tres que existen están en pésimas condiciones de infraestructura, de carencia de personal, de desabastecimiento de medicamentos, de falta de combustible en casos que puedan tener vehículos de emergencia”, expresó.
“Es cierto que el Estado necesita virar con urgencia a la atención de estos temas de salud que ya en las ciudades, en las zonas urbanas, vemos que nuestro sistema de salud tiene graves deficiencias, en las zonas rurales este servicio es inexistente muchas veces y el servicio que existe tiene graves problemas que requieren una atención urgente”, apuntó.
Manifestó que la Defensoría del Pueblo ha realizado, durante la emergencia sanitaria (desde la atención, prevención y el proceso de vacunación), una supervisión permanente, no solo en las zonas urbanas sino también en las zonas rurales, donde habitan más de dos millones y medio de peruanos que son parte de los pueblos originarios en el país.
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