ESTADO ESTARÍA GASTANDO 300 MILLONES DE SOLES EN CONSULTORÍAS PESE A LITIGIO POR GASODUCTO SUR PERUANO

Redacción 23 de abril del 2019 - 1:27 PM

Congresista de Acción Popular(AP), Armando Villanueva Mercado, anunció también que su bancada presentará un proyecto de ley que derogue el Decreto de Urgencia, que establece dicha consultoría y asume responsabilidades de la operatividad del Gasoducto del Sur, propios del consorcio contratante dirigido por Odebrecht.

RCR, 23 de abril 2019 .- El Estado estaría gastando un promedio de S/ 300 000 000 en pago de consultorías a una empresa, para los cuidados de la infraestructura y el inventario del Gasoducto Sur Peruano, cuando no le correspondería hacerlo, denunció el congresista de Acción Popular(AP), Armando Villanueva Mercado.

“La semana pasada estuvieron (en el Congreso) el primer ministro y el ministro de Economía para informar sobre las consultorías y los gastos en publicidad… En la programación correspondiente al 2018 se evidencia un destino de S/ 173 000 000 (ciento setenta y tres millones de soles), precisamente con el nombre de consultorías para la contratación de una empresa que se haga responsable de los cuidados, el inventario y la administración de tubería, así como de la obra avanzada en el Gasoducto (Sur Peruano). Si tomamos en cuenta lo gastado en el 2017 y lo proyectado para el 2019, (los gastos) superan los S/ 300 000 000 (trecientos millones de soles), inclusive”, subrayó.

Agregó que este controvertido se realiza sin que hasta el momento la región Cusco cuente con el uso directo del gas domiciliario, para el transporte y tampoco el industrial, así como también el insumo para el desarrollo de la industria petroquímica.

“Y sabiendo, además, que el Estado no debería haber asumido estos costos, en la medida en que, según la resolución del contrato, hecha en función del artículo 6.7, el Estado no reconoce responsabilidad, respecto de lo construido e invertido por Odebrecht”, enfatizó.

En ese sentido, calificó de “un contrasentido” que el Estado, al mismo tiempo, hubiera asumido tal responsabilidad; y lo ha hecho en función y mérito al Decreto de Urgencia 001-2017, que establece este hecho.

En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Villanueva anunció también que la bancada de Acción Popular presentará un proyecto de ley que derogue el Decreto de Urgencia 001-2017, que establece dicha consultoría y asume responsabilidades de la operatividad del Gasoducto del Sur, propios del consorcio contratante dirigido por la compañía brasileña Odebrecht.

“Por ello, la bancada de Acción Popular presentará un proyecto de ley para derogar este Decreto de Urgencia que estaría poniendo en un dilema al mismo Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en la medida en que ya tenemos una demanda por US$ 500 000 000 (quinientos millones de dólares) para resarcir precisamente a la Empresa Nacional del Gas (ENAGAS) por esta responsabilidad que el Estado debía asumir en relación a las instalaciones; y que, según el propio Estado, debía ser de responsabilidad de Odebrecht”, puntualizó.

Tras indicar que el litigio ante el CIADI entre Odebrecht y el Estado peruano gira, entre otras consideraciones, en torno a la demanda brasileña del 37 % del supuesto avance de obra realizada en el Gasoducto Sur Peruano, Villanueva refirió que nuestro país rechaza esa responsabilidad, en la medida en que no hubo el cierre financiero oportuno -razón por la cual se resolvió en contrato- lo avanzado por la empresa es de su propia incumbencia y, por lo tanto, no habría porqué resarcirla.

“Si eso fuera así, entonces ¿por qué el Estado asume la responsabilidad de contratar a una empresa (consultora) para cuidar de los activos, tuberías, equipos y avances en la construcción del Gasoducto, si la empresa habría actuado, construido y empezado a avanzar, a riesgo de su propia responsabilidad?”, se preguntó el parlamentario.

Dijo entonces que ese es el tema que debe resolverse “y que ya nos cuesta cientos de millones que tienen que ser esclarecidos debidamente, en forma oportuna y pronta”.

El representante acciopopulista estimó igualmente que la aplicación de la cláusula anticorrupción en el contrato del Gasoducto Sur peruano hubiese sido una salida que hubiese contribuido a un mayor nivel de definición para evitar los derechos que reclama hoy ENAGAS.

Futuro incierto en construcción del Gasoducto

En cuanto al futuro del Gasoducto Sur Peruano, Villanueva dijo que el Ejecutivo contrató a una consultora internacional para que estableciera, a más tardar a diciembre de 2018, que era lo más pertinente realizar en términos técnicos, financieros y económicos.

“Resulta que hasta ahora (la consultora) no ha cumplido con presentar este informe. Y, sin embargo, el gobierno ya ha decidido ratificar el diseño anterior. ¿Bajo qué criterios lo ha hecho? ¿Con qué objeto?  Y para colmo, el gobierno ha dicho, el mismo tiempo, que esto lo debe hacer el próximo régimen”, anotó.

De otro lado, confirmó igualmente que la red vial del sur peruano ya consume el Gas Licuado de Petróleo (GLP) de Bolivia, ya que –anotó- el mercado nacional de este producto es insuficiente para abastecer a esta macrorregión.

El legislador Villanueva informó a RCR, desde la provincia de Chumbivilcas (Cusco), tras hacer un paréntesis en su participación de una Mesa Técnica, integrada por las principales autoridades regionales, municipales y el ministro de Energía, así como la compañía minera Hudbay, que administra la mina Constancia, para el establecimiento de un Fondo que permita resarcir económicamente a dicha circunscripción, según compromisos adquiridos.

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