RCR, 09 de marzo 2026.- El ingeniero Jorge Merino Tafur, exministro de Energía y Minas, dijo que el Estado debe reactivar el proyecto de construcción del Gasoducto del Sur, para garantizar el acceso del gas natural domiciliario y ampliar la matriz energética al sur del país. Agregó que el incidente de Camisea recuerda que es momento de reivindicar la Macro Sur.   

“Es un proyecto que podría llegar al Cusco y luego al sur utilizando los activos que están ahí. El Estado ya ha invertido casi 450 millones de dólares. El otro aspecto es que el gas no solo debe servir para generar energía, sino también llegar al ciudadano y en el Perú todos los ciudadanos somos iguales”, dijo en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).

Señaló que desde el 2004 hay gas natural en muchos hogares de Lima y para los taxistas, el transporte, hospitales, pero no para el sur del Perú, de donde viene el gas. “Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? El transporte virtual en países que tienen gas es una cuestión transitoria, hasta que uno haga el gasoducto”, indicó.

“El mérito es que en el sur se necesita tener redes en las casas. Acordemos que en el sur hay frío, hay muerte de animales, de niños, los hospitales, las escuelas necesitan el gas. Este es el momento para reivindicar a todo el sur. Y ese fue el objetivo de la Ley de Seguridad Energética. Por eso se llama la 29970, en su posición de motivos, tiene ese componente social que es fundamental”, afirmó.

Precisó que en Ica, Chincha, Lima y Callao hay más de un millón y medio de familias que tienen gas natural en sus casas. “Si uno pone en una casa dos puntos de conexión, tanto para cocinar y para agua caliente, la factura mensual promedio está llegando a 30 soles. Si uno mira las casas donde no hay redes de gas y donde tienes que utilizar el balón de gas como en el sur, el balón puede estar a 60, 70 soles arriba”, puntualizó.

Estado no gastó ni un sol en la construcción de Camisea

Destacó que Camisea es uno de los proyectos de infraestructura más importantes del Perú, operado bajo un modelo de asociación público-privada (APP). “El año 2000 se promovió un modelo con inversión privada, se llama un APP autosostenible, de tal manera que el Estado no pone un sol”, explicó.

“Todos los sistemas de transmisión eléctrica en el Perú que se han venido desarrollando tienen ese modelo. Son concesiones que se dan a 30 años, el inversionista desarrolla su riesgo y el Estado no pone dinero y al final del contrato, es un contrato BOOT, la propiedad, la infraestructura pasa al Estado a cero costo terminado el tiempo de concesión”, agregó.

En ese sentido, dijo que es falso que el Estado puso 7.300 millones de dólares en la construcción de Camisea. “El CAPEX del proyecto eran 4.000 millones aproximadamente, y el costo de operación y mantenimiento eran 3.300 en los 33 años. Pero eso lo ponía el inversionista, no el Estado. El Estado no ha puesto un dólar en ese proyecto”, apuntó.

Recordó que en el año 2000 se hizo un concurso para la explotación del gas de Camisea y desde el año 2004 se transporta el gas hasta la costa central del Perú y esto ha permitido que hoy en día el gas natural constituya el 40% de la matriz energética. “El 53% más o menos son recursos hídricos y el resto de energías como solar, eólica y otras”, dijo.

Ley 29970 declara de interés nacional seguridad energética del sur

El exministro de Energía y Minas resaltó que la Ley 29970, de 2012, declara de interés nacional la seguridad energética, promoviendo el desarrollo de infraestructura para llevar el gas de Camisea a las regiones del sur del país, como Apurímac, Puno, Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna, así como a la industria.

“El modelo que se desarrolla justamente en el año 2014, que se germina con la Ley 29970 en diciembre del 2012, es exactamente el mismo modelo. Donde el Estado no pone un dólar, se promueve una concesión que permite llevar el gas al sur y garantiza, y se financia con el nodo energético que ya está instalado en el sur que se contempla en la misma ley”, indicó.

Señaló que en enero del 2017 se canceló la concesión porque el inversionista no pudo conseguir el financiamiento del proyecto. “El Estado canceló el proyecto y la concesión, pero se quedó con los activos, se quedó con los tubos y de esa época a la fecha, el Estado ha estado pagando 47 millones de dólares todos los años para mantener los tubos”, precisó.

Mencionó que el proyecto del Gasoducto del Sur tenía un tramo que podía generar un anillo de respaldo cuando fallase cualquiera de los tubos (el de gas o el de líquido) en Camisea. “Era la contingencia. Lo interesante de rescatar es que prácticamente hay un 37% de avance del proyecto y hay casi 40 kilómetros de tubería enterrada en la selva. O sea, falta poco para terminarlo y para continuar hacia Anta en Cusco”, apuntó.

“Lo importante sería hoy en día analizar el reinicio de la ejecución del Gasoducto porque ya están las centrales instaladas en el sur, son centrales duales de 1400 megavatios y esas centrales duales pueden despachar con petróleo o con gas. Están esperando el gas y ahora son reserva fría, pero a petróleo. Esa es la foto del momento”, afirmó.

Estado debe promover política de desarrollo minero energético en el país

Sostuvo que el Estado debe promover una política de desarrollo minero energético hasta el 2040. “Se debe garantizar, debido al cambio climático, una matriz energética confiable y aprovechar el precio del cobre, de tal manera que el crecimiento minero vaya acompañado con una matriz que aproveche ese crecimiento, pero al mismo tiempo también sopesando el riesgo que produce el cambio climático”, dijo.

Destacó que el sector Energía y Minas siempre ha sido un sector promotor y facilitador de las inversiones. “Perú no solamente tiene el gas, no solamente tiene sol intenso de alta radiación en el sur, tiene viento en el norte, pero tiene también recursos hídricos que están yéndose al otro lado del Atlántico y hay que convertirlos en energía hídrica”, indicó.

“En el año 2012, cuando planificamos este tema, justamente promovimos la ley del FISE, el Fondo de Inclusión Social y Energética, que no es plata del Estado. Es plata, en realidad, de solidaridad de los sectores productivos más grandes. Ese fondo lo administraba Osinergmin y tenía el fin de ayudar a los más vulnerables en la compensación del valor del gas, para comprar el balón de gas”, afirmó.

Manifestó que cuando se hizo Camisea todos los peruanos contribuyeron, desde Tumbes hasta Tacna e incluso Loreto. “Hoy en día, ese proyecto del sur tiene que reiniciarse porque también es la hora de la Macro Sur. Y, ojo, la Ley 29970, no es que se haya olvidado de la selva. Esos se llaman sistemas aislados. Y la ley contempla promover y facilitar también el acceso universal a la energía, al Wi-Fi, en las zonas aisladas del país”, subrayó.