Estado debe adjudicar concesiones mineras a quienes desarrollan esta actividad

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Para implementar una formalización efectiva, sostiene especialista Arizaca Ávalos.

RCR, 08 de septiembre de 2016.- Se requiere de un exhaustivo inventario sobre la minería informal e ilegal para una formalización efectiva, proceso que exige que el Estado adjudique las concesiones mineras a quienes efectivamente desarrollan estas actividades, sostuvo el experto en temas de minería, ingeniero Américo Arizaca Ávalos.

En declaraciones a RCR, Red de Comunicación Regional, el ex titular de la Dirección Regional de Minería del Gobierno de Puno dijo que el Estado a través de los sucesivos gobiernos nunca ha tenido una política clara para una efectiva formalización de la minería informal e ilegal y, este proceso ha sido un fracaso con sus secuelas ambientales y sociales.

Para enfrentar el problema, dijo, que primeramente se debe contar con una buena línea de base a través de la ejecución de un minucioso inventario para saber con precisión cuántos mineros informales e ilegales existen en el país para sobre esa base plantear un proceso de formalización efectivo.

El inventario, indicó, debe precisar en qué áreas trabajan los mineros informales y que tipo de minería se aplica (filoniana, aluvial, etc.), quiénes son los dueños de los terrenos superficiales, cuántas concesiones existen, en cuántas se encuentran los mineros clandestinos, a quienes pertenecen, etc.

Llamó la atención que en la región Puno desde el 2010 al 2016, sólo una treintena de mineros informales se han formalizado lo que les permite comercializar el mineral en el circuito legal.

Se trata de un puñado de mineros de un universo regional de doce mil que inicialmente se acogieron al proceso de formalización en el marco de los últimos decretos legislativos promulgados en 2012 (durante el gobierno de Ollanta Humala) para finalmente quedar unos seis mil, quienes se quedaron con una declaración de compromisos que no garantiza el respecto del medio ambiente ni la formalización real.

Anotó que a nivel nacional se acogieron al proceso unos 70 mil mineros informales de los cuales sólo unas decenas se han formalizado.

Señaló que mientras no se encuentren dentro de la formalidad, los mineros informales e ilegales no van a cumplir con él respecto a estándares medio ambientales, problema severo en Puno pues hay alarmantes impactos de contaminación en cabeceras de cuenca, glaciares, etc.

Refirió que el proceso de formalización implementado por el gobierno anterior estaba mal planteado y no existía la posibilidad de que tuviese éxito, porque una de sus falencias clave era que el Estado permite concesiones ociosas durante muchos años cuando lo que se tiene que hacer es adjudicarlas a quienes desarrollan la minería en pequeña escala por lo menos en las áreas donde llevan a cabo estas actividades.

Precisamente, destacó, el fracaso del proceso de formalización se debió en gran medida a que los titulares de las concesiones mineras donde trabajan miles de informales, no quisieron otorgar contratos de explotación lo que hubiese viabilizado una formalización efectiva.

Sostuvo que sería razonable que todas las concesiones mineras donde no se ha hecho ningún tipo de actividad en cinco años estas sean revertidas hacia el Estado para su eventual adjudicación a quiénes sí van a desarrollar esta actividad, especialmente para la minería a pequeña escala.

En ese marco, anotó que se requiere una nueva ley general de minería porque la vigente, desde 1992, está muy desactualizada.