RCR, 22 de octubre de 2025.- César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, indicó que el actual estado de emergencia decretado en Lima y Callao representa un cambio respecto a anteriores medidas similares, que se limitaron a ser declaraciones sin operatividad. En ese sentido, consideró que esta vez existe una genuina voluntad política para enfrentar al crimen organizado, pero si no se obtiene resultados sostenibles en el corto plazo, la ciudadanía podría perder la última esperanza en las instituciones de seguridad del país.
“Si bien es un acierto la sinceridad del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, al reconocer públicamente las limitaciones logísticas de la Policía Nacional, como la existencia de solo 89 patrulleros y 60 cámaras operativas. También es fundamental trabajar en la identificación y desarticulación de las estructuras criminales que han generado terror en varias regiones del país, hay que atraparlos y meterlos presos, y deportar a quienes haya que deportar, no se hizo antes por falta de voluntad política”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Sostuvo que la desarticulación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial es uno de los problemas más críticos, por lo que lamentó que se mantenga una puerta giratoria por la que los delincuentes son liberados rápidamente tras ser capturados. Por lo tanto, indicó que el problema no se resolverá sin una reforma profunda de estas instituciones, muchas de las cuales, dijo, están infiltradas por la corrupción.
“Hay que tener una visión holística, si no se articulan las instituciones, no hay sistema de justicia que funcione, por eso es importante recuperar el principio de autoridad de la Policía, así como de fortalecer la inteligencia policial y la investigación criminal. El estado de emergencia debe estar acompañado de acciones diarias, sostenidas y monitoreadas, de lo contrario no tendrá efectos duraderos”, expresó.
Remarcó que la reciente declaratoria de emergencia debe entenderse como un plan piloto, y que debería ampliarse a otras regiones con alto índice criminal, aunque reconoció que la falta de presupuesto y personal lo dificulta. Asimismo, pidió a la ciudadanía mantenerse vigilante y exigir resultados. “Este gobierno y este gabinete se juegan su prestigio. Si esto no funciona, sinceramente, creo que nada podría hacerlo en el corto plazo”, subrayó.
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