RCR, 09 de septiembre 2026.- El Escudo de las Américas, una iniciativa multinacional de EE.UU. para enfrentar el crimen transnacional, permitirá al Perú fortalecer sus capacidades con el fin de combatir a las organizaciones criminales, la extorsión y otros delitos violentos mediante la cooperación internacional, tecnología y mejores recursos.

Así lo afirmó el exdirector de la PNP, Gral. ® Eduardo Pérez Rocha, a propósito de la visita a Lima del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien llega al país para oficializar la incorporación del Perú al Escudo de las Américas y abordar temas vinculados con la seguridad, la cooperación bilateral y el crecimiento económico.

“¿Qué cosa es lo que va a tener este Escudo de las Américas? Primero, apoyo total sobre aspectos delincuenciales que tengan que ver con el narcotráfico y, lo que más nos interesa, con la violencia delincuencial. Aquí sí se va a poder, técnicamente y con dinero y tecnología, ver el problema que es el aspecto de los delitos de extorsión y crímenes mayores”, afirmó Pérez Rocha en Red de Comunicación Regional (RCR).

Pérez Rocha destacó que este bloque impulsado por el presidente Donald Trump, en la cual ya está Chile, Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, El Salvador, Panamá, permitirá aprovechar la experiencia y las capacidades de agencias estadounidenses que ya colaboran con países de la región.

“Es interesante porque acá hemos tenido un convenio con el FBI para la defensa de su país. Lo más importante es que el FBI cuenta con equipos de tecnología de punta para obtener datos de teléfonos móviles desde donde se realizan amenazas contra la ciudadanía. Además, tiene una importante cantidad de especialistas y presencia en 45 países. Como hemos visto, la captura de John Pulpo, cabecilla de Los Pulpos, fue posible gracias al trabajo conjunto del FBI, la DEA, Bolivia y otros países que forman parte de este grupo que vamos a integrar. Esto permitirá contar con tecnología de punta, que es lo que nos está faltando”, aseveró.

Otro de los asuntos vinculados con la nueva cooperación regional es el control de la migración irregular. Pérez Rocha relacionó este fenómeno con la expansión territorial de organizaciones criminales como el Tren de Aragua desde Perú se extendió a Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

También planteó que las medidas de expulsión de migrantes en situación irregular deben contar con mecanismos logísticos de mayor capacidad. Según explicó, una alternativa sería emplear embarcaciones de la Marina de Guerra para trasladar grupos numerosos.

Cambio en la Policía

En el ámbito interno, Pérez Rocha destacó las tareas que deberá asumir el nuevo comandante general de la PNP, Gral. PNP Freddy López Mendoza, quien reemplazará al Gral. PNP Óscar Arriola.

“Lo primero que escucharemos en su proclama a la institución y que va a ejecutar, me imagino que será pedirle al Ejecutivo el presupuesto. Segundo, que se cumpla con lo que prometió la presidenta Keiko Fujimori en su plan de gobierno, que en los 100 primeros días iba a adquirir mil patrulleros. Ojo, no vehículos comerciales, sino patrulleros con características que debe pedir la misma PNP. Y lo más interesante, el aspecto de apoyo tecnológico para tener equipamiento georreferencial y poder trabajar con la localización de estos celulares desde donde se está llevando la extorsión. Esperemos que dé un plazo, que puede ser hasta fines de diciembre o comienzos de enero, y que porcentualmente indique: ‘yo para el 1° de enero voy a conseguir la disminución de tal porcentaje en delitos, sea extorsión, trata de personas o sicariato”, afirmó.

EMAPE y las funciones policiales

Pérez Rocha también cuestionó la creación de la denominada Guardia Metropolitana de EMAPE, promovida por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, al considerar que una entidad de vigilancia privada no puede asumir funciones propias de la PNP en las vías públicas.

“Lo que sucede es que al darle el aspecto de portar armas, eso sí, lo van a tener, pero no pueden hacer labores de prevención con uniforme y armados, porque esa es vigilancia privada”, advirtió.

El general sostuvo finalmente que cualquier iniciativa municipal en seguridad debe respetar las competencias establecidas por el ordenamiento jurídico. Pidió revisar las normas que delimitan las funciones de los gobiernos locales y de la PNP.