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ENERGÍA Y MINAS: ¿SERÁ POSIBLE RETOMAR EL CAMINO?

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RCR, 23 de octubre de 2019.- Luego de la abrupta disolución del Congreso, un tema que trastoca el discurso político es la sensación de la población de que económicamente vamos mal y que podemos ir peor si sectores como el minero energético siguen en el limbo a la espera que las iniciativas gubernamentales aclaren el panorama, aunque en opinión de los expertos, solo traerían mayor incertidumbre para un sector que concentra 12% de nuestro PBI y significa el 70% del valor total de nuestras exportaciones.

En ese contexto, es importante mirar de cerca que está pasando en ese sector clave para la estabilidad económica del país. La situación de este sector ha devenido en una decreciente efectividad para impulsar proyectos que concentran gran parte de la inversión en Perú. A la enorme carga burocrática que retrasa los permisos y el galopante incremento de la conflictividad social, se suma la propuesta de una nueva ley de minería que solo ha logrado que las empresas enfríen sus emprendimientos en tanto no haya una respuesta clara sobre lo que decidirá el Estado y, de ser discutida, cuáles serán los parámetros que serían modificados.

Lo que sorprende es que se proponga el cambio de un marco legal que fue la base del crecimiento al país y que permitió que al Perú lo vean como el milagro económico de América. Frente a una realidad de esta naturaleza los ingleses suelen decir que si algo funciona para que lo cambias.

¿Por qué la preocupación y la incertidumbre? Porque existe una clara muestra que las cosas no andan bien. En el presente año solo se concretó una nueva inversión en minería: apenas 110 millones de dólares en el proyecto Santa María, postergándose por razones diversas Tía María, Corani, Ccorcohuayco, entre otros. En el tema de hidrocarburos, se importa el 70% del crudo que consumimos, la inversión actual apenas ha llegado a 400 millones de dólares y ocupamos el lugar 63 entre 80 países evaluados en la prestigiosa encuesta FRASER.

Si estas cifras son preocupantes, un aspecto que merece ser visto al detalle es lo relacionado al acompañamiento social del sector para la marcha de los proyectos de inversión. En los veinte meses de gestión del presidente Martín Vizcarra ya van dos ministros de Energía y Minas, pero a su vez en ese portafolio ya rotaron cuatro responsables del área que debe ver la conflictividad social, la consulta previa, el seguimiento de compromisos, los procesos de diálogo en minería, gas, petróleo, electricidad, entre otros.

¿Cuál es el resultado? No puede ser más evidente que los temas sociales son una piedra angular para el desarrollo de los proyectos que sostienen nuestra economía. Sin embargo, en el presente año, diversos especialistas y voceros vinculados a la minería, energía e hidrocarburos advirtieron que la gestión sectorial ha venido realizando un conjunto de experimentos en un área neurálgica como el del plano social. Como resultado, prescindieron de recursos humanos que justamente acompañaron la etapa de crecimiento económico gestado en los últimos 10 años, lo cual ha debilitado la posición y presencia del estado en las complejas negociaciones y mesas de diálogo para recomponer la marcha de proyectos de impacto nacional.

Sin equipos profesionales sólidos, el sector tiene enormes dificultades para avanzar, por ejemplo, en los procesos de consulta previa, cuyos recursos, según se supo, están agotados desde hace dos meses, ocasionando que once proyectos mineros y tres de hidrocarburos, entre ellos el emblemático Lote 192, no puedan avanzar por cuanto el MINEM no implementa estas consultas. Las acciones de sensibilización y promoción de mecanismos de participación ciudadana, entre otros, fueron suspendidas, desconectándose de la realidad local y de las comunidades, cuya dinámica social es altamente cambiante.  

Algo que se ha vuelto una respuesta constante cuando se pregunta por qué los equipos del ministerio, en representación del estado, están ausentes o poco interactivos en los procesos de diálogo en zonas de conflicto, es que no hay presupuesto y, de manera inaudita, los especialistas que aún quedan en ese sector han sido prohibidos de tomar  contacto directo con los actores de la problemática rural. Tampoco pueden viajar a las zonas de conflicto por las restricciones emanadas del mismo ministerio. El trabajo asignado ahora es llenar matrices formuladas por consultores externos sin mayor experiencia en materias relacionadas a la industria extractiva.

¿Qué ocurre mientras tanto? Pues el corredor minero del sur estuvo 115 días de bloqueado, es decir 40% del año impedido de para transitar, paralizando el proyecto Las Bambas y dificultando las actividades de otras operaciones de la zona. En la zona petrolera los manifestantes tienen hoy bajo control la Estación 1 de Petroperú y el Lote 8 administrado por la compañía argentina PLUSPETROL, empresa que ya indicó que simplemente devolverá el lote petrolero. A esto se debe agregar casi 100 días de manifestaciones en la provincia de Islay en contra del proyecto Tía María, sin que el Estado, y en particular el sector, haya tomado acciones de promoción y acercamiento para facilitar el respaldo social necesario para su desarrollo.   

El panorama se presenta mucho más complejo si tomamos en cuenta que, en los días próximos debe iniciarse la campaña electoral para elegir congresistas que completen periodo parlamentario hasta el 2021. Por la experiencia, se conoce que habrá un incremento de los niveles de conflictividad social por cuanto atacar proyectos mineros da un inmediato rédito político, especialmente en zonas rurales.

Vista esta realidad, el ministro Juan Carlos Liu, tiene un enorme desafío para enfrentar con éxito la situación. Sin embargo, va a tener que hacer algo más que confiar en que Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), resolverá un problema. Es reconocida la capacidad del equipo humano especializado que siempre estuvo en el MINEM para el manejo de la conflictividad sectorial, pero que se dejó de lado para dar paso a experimentos administrativos sin fundamento. Nunca es tarde.