RCR, 31 de Diciembre 2025.- El exministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, advirtió que en las Elecciones Generales 2026 hay muchos candidatos que apoyan a la minería ilegal. “Esto es muy controversial y preocupante, porque vamos a tener en el próximo Congreso a congresistas que nuevamente quieren apoyar o seguir incentivando la impunidad de actividades ilícitas. Yo creo que sí es preocupante para la población y deberíamos mirar muy bien a quién se elige”, dijo.
“El Congreso busca extender el proceso de informalización, para que se convierta en un ilegítimo argumento para que sigan operando. Y este es un sistema que está sirviendo de amparo para la destrucción ambiental, se contaminan ríos, etcétera. Hay una evasión fiscal y una vulneración a muchos derechos laborales, etcétera”, indicó.
Agregó que el Gobierno debe mostrar una posición clara frente a la minería ilegal. “Este es un gobierno de transición, pero no puede ser un gobierno que no haga nada, que espera lo que dice el Congreso. Tiene que tener una posición clara y espero que cuando se inicie la nueva legislatura el Ejecutivo presione para que se inicie el debate de la ley MAPE”, explicó.
“Si se espera al nuevo gobierno, este se va a instalar a finales de julio. El Congreso no va a tener tiempo para discutir ni aprobar una ley MAPE. Así es decir que el 31 de diciembre lo que vamos a tener es una nueva ampliación o a los mineros al frente del Congreso nuevamente haciendo su huelga para la nueva ampliación y entonces esto es muy peligroso que sigamos en este paraguas de impunidad”, añadió.
Cuestionó asimismo que el Ejecutivo no haya observado la ley que amplía el Reinfo. “El Ejecutivo ni siquiera lo ha observado, y también es preocupante porque las declaraciones de tanto del ministro de Energía y Minas como del Premier han sido muy débiles sobre este tema. Es como prácticamente están diciendo, esperaremos que es lo que decida el Congreso. Entonces, yo creo que ahí no hay una posición todavía firme”, afirmó.
“Esto está reflejando una incapacidad del Estado para poder diseñar y ejecutar una política firme contra la minería ilegal. Y más bien lo que yo veo es que lejos de un avance para poder enfrentar este proceso y todos los problemas que atrae la minería informal, donde se han unido y se han camuflado también mineros ilegales, motivo por el cual fueron retirados más de 50.000 registros”, aseveró.
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