RCR, 11 de junio 2025.- Óscar Mendoza, expresidente de la Cámara de Comercio de Cajamarca, dijo que en el Perú 7 de cada 10 trabajadores están en el sector informal, mientras que en la sierra aumenta a 9 de cada 10. Señaló que los trabajos formales tienen como beneficios la seguridad social y ahorro previsional para pensiones.
“En Perú, aproximadamente el 70% de la fuerza laboral, lo que equivale a 7 de cada 10 trabajadores, se encuentra en el sector informal. Esto significa que no tienen acceso a beneficios laborales como seguro social, vacaciones pagadas, CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) y otros derechos laborales.
Explicó que el sector informal incluye a trabajadores que no están registrados ante la administración tributaria, no tienen contrato laboral, no pagan impuestos, no tienen cobertura de protección social y carecen de prestaciones laborales.
Fue enfático en precisar que no estamos avanzando en el tema de formalidad por varios aspectos. Uno, que es un tema de estructura, de cómo el sistema laboral en Perú está diseñado y por lo tanto la rigidez de ese sistema laboral impide que la formalización se haga de una manera más rápida de lo que se quiere.
Un segundo punto, dijo, tiene que ver con un tema de ciclo económico. “Estamos en una etapa baja del ciclo económico, con tasas de crecimiento muy pequeñas, que desincentiva inversiones y por lo tanto la generación de empleo formal”.
Y como tercer punto comentó formación de capital humano a la que calificó como mala en el país.
“Muchas de las personas que inician el sistema educativo salen de él por distintas condiciones y la formación no es la más adecuada como para asegurar competencias que permitan que las personas encuentren un empleo acorde”, puntualizó en entrevista a RCR.
Por ello dijo que se requiere de ajustes, de un esfuerzo grande, sobre todo en aquellas personas que están en los sectores agrícolas de subsistencia, que no tienen la capacidad de ahorro previsional, de salud, que son los más básicos desde el punto de vista de la formalidad.
Observó que existe una carga regulativa bastante alta, que impide que se sostenga o que los costos de la formalización se sostengan en el tiempo.
“Esto fundamentalmente genera una condición de que cuando cambia la normativa o se ejerce mayores costos de supervisión, es mucho más fácil pasar del empleo formal a un empleo informal, de tal manera de no tener que incurrir en estos costos de sostenibilidad”, remarcó.
