RCR, 10 de enero de 2020.- Omar Chehade, candidato al Congreso en Lima por la Alianza Para El Progreso (APP) con el N°1, consideró que las elecciones para la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se están politizando al referirse a cuestionamientos contra la elección a dicho organismo de los abogados Marco Falconí y María Zavala basados en interceptaciones telefónicas ilegales.

“Lamentablemente las elecciones para la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Tribunal Constitucional y diversas entidades del Estado se está politizando, porque vemos que hay un grupo de ONG que tienen sus propios candidatos y no les interesa chuponear a determinadas personas para tratar de colocar a sus candidatos de sus predilecciones o ideología dentro organismos importantes del estado como la JNJ”, dijo el también jurista a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Advirtió que “se ha privilegiado el delito grave de chuponeo ilegal telefónico y lo único que interesa a determinadas ONG es manchar honras”. “Marco Falconí es una persona de una conducta intachable y por el solo hecho de conversar en 2016 con un vocal supremo, del que no se sabía de sus actividades ilícitas, solo por ese hecho ya tiene que estar incapacitado para llegar a un puesto como el de la JNJ. Es inconcebible. Yo pienso que primero hay que sancionar a los chuponeadores que de manera ilegal se entrometen en la vida privada de las personas”, aseveró.

Aseguró que tanto Marco Falconí como María Zabala han aprobado el examen a la JNJ por méritos propios. “¿Entonces, por qué ellos no gustan a determinadas ONG se les saca determinados audios? Eso no está bien y es un juego sucio. Lamentablemente el propio jurado revisor se presta por temor a evaluar lo que ya se evalúo. Entonces, ¿las reglas del juego no están claras y se pueden cambiar en el momento que se juega el partido? Estamos llegando a una época de persecución política terrible en la que no se respetan los derechos mínimos de los postulantes y se daña el honor de estas personas que tienen currículum impecable”, comentó.

“Hay una ONG que maneja algunos medios de comunicación y que maneja órganos de inteligencia y que aparentemente estarían siendo apañados por parte del propio gobierno de Vizcarra para hacer lo que les da la gana. ¿Quién gobierna en el Perú? ¿O gobierna el presidente Vizcarra o gobierna el IDL? Si gobierna el IDL estamos perdiendo el tiempo”, señaló.

Demanda competencial

Sobre la demanda competencial presentada por Pedro Olaechea, comentó que “se debería resolver antes de las elecciones del 2020 porque si estamos participando los candidatos es porque queremos tener una seguridad jurídica”.

“Lo serio es que el tribunal se pronuncie mucho antes de las elecciones del 26 de enero porque le daría más seriedad y mayor realce a la resolución del propio tribunal para saber si efectivamente el presidente de la República digamos a tu de manera inconstitucional obvio lo hizo de manera legítima”, dijo.

Aseguró asimismo que “un cierre del Congreso es un golpe a la inversión y a la economía porque qué empresario va a querer invertir cuando existe inseguridad jurídica, cuando las reglas de juego no se respetan y no son claras, y donde existe violencia e inseguridad ciudadana”. “Donde cada día hay más robos extorsiones, feminicidios, asaltos, atracos y secuestros nadie va a querer invertir y eso repercute en la economía, porque mientras hay menos inversión exista va a haber más desocupación, menos puestos de trabajo y más pobreza”, manifestó.

Autoridades incapaces

También señaló que durante muchos años alcaldes, gobernadores, ministros, presidentes de la República han engañado al país al demostrar ineficacia en su gestión. “Alcaldes y gobernadores reciben una cantidad de presupuesto y no gastan el 90, 95 y 100% que es lo que se debería hacer en la construcción de muros de contención y poner agua, luz y desagüe, etcétera”, afirmó.

“Hay un alcalde conocido por todos en La Victoria que está número uno en las encuestas de popularidad y tiene una ejecución del gasto público de apenas 15% y tiene que devolver el 85% de lo que le dio el gobierno central. 15 % es un fracaso pero para algunas encuestadoras lidera la intención de voto por elección popular”, comentó.

Aseveró que si es elegido congresista cumplirá con su labor de representación abogando por la población desposeída para que los ministros, alcaldes y gobernadores regionales cubran las necesidades primordiales de la población de bajos recursos. “La labor de representación es ser una especie de censor directo del poblador ante las autoridades que por corrupción o ineficacia no cumplen con atender su necesidad primordial”, anotó.

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