RCR, 14 de abril de 2026.- El presidente del Instituto de Administración Municipal, Marco Tulio Gutiérrez, anunció que presentará una denuncia administrativa ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien atribuye responsabilidad política y funcional por las fallas ocurridas en la jornada electoral, que impidieron votar, de modo oportuno, a más de 50 mil ciudadanos en Lima Metropolitana.

“Presentaré hoy (martes) una denuncia administrativa ante la JNJ. Estoy pidiendo que se haga la revisión de estas cifras. Es contra Corvetto porque él es el responsable política y funcionalmente de este asunto. Él es quien tiene que cargar con el peso del muerto por los hechos en los que han incurrido los funcionarios que él mismo ha designado. Nombró al gerente general en el año 2020 y también a los funcionarios que realizaron los requerimientos de servicios y bienes que luego se compraron de manera directa. El área de logística ejecutó esas adquisiciones. Todos ellos tienen responsabilidad funcional y penal, en base a lo que la Contraloría ya ha identificado como negligencias en la adjudicación”, declaró Gutiérrez en Red de Comunicación Regional (RCR).

Como experto en legislación electoral, precisó que su denuncia se sustenta en la configuración de una falta grave por inconducta funcional e incumplimiento de funciones, al considerar que las decisiones administrativas adoptadas, incluyendo procesos de contratación, derivaron en fallas logísticas que afectaron el proceso electoral.

“Las mesas de sufragio no se abrieron esas hasta las 12:00 p.m. Nadie se preocupó en que funcionaran. Todos se fueron a su casa. Y aquí no pasó nada. Entonces, ha habido, cuántos millones de peruanos que no han podido votar. Y en elecciones, que recordemos, se han ganado por 40.000 votos”, añadió.

Piero Corvetto tiene que ser removido

“La sanción es su separación del cargo. Él tiene que ser removido por inconducta funcional. No tendría que ya comandar la segunda vuelta, definitivamente. Mientras se realiza la investigación, puede ser suspendido en el ejercicio del cargo, y la norma establece que lo reemplaza el funcionario de más alto nivel, en este caso el gerente general”, sostuvo.

“No se puede hablar de fraude electoral”

El especialista descartó que las irregularidades configuren un fraude electoral y sostuvo que se trata de deficiencias en la gestión del proceso. “Este es un proceso mal llevado administrativamente. Ha hecho un daño a la imagen internacional. No se puede hablar de fraude, porque la norma establece causales específicas para anular actas y el proceso solo se anula si el 67% de actas resultan nulas, lo cual no ha ocurrido. Las mesas no deciden anulaciones; esas evaluaciones corresponden a los órganos electorales”, afirmó.

Explicó que en la organización electoral “ha habido un acto de evidente negligencia por parte de la ONPE. El Estado falló en garantizar el derecho al sufragio. Decenas de miles de personas se quedaron sin votar porque no se proveyeron cédulas en cantidad y tiempo suficiente”.

Ver entrevista completa: