RCR, 29 de agosto de 2002.- Las autoridades judiciales deberían tomar decisiones contra las autoridades municipales y regionales que cometen actos de corrupción, como se ha hecho con Yénifer Paredes, cuñada del presidente, y José Medina, alcalde del distrito de Anguía, en Cajamarca, a quienes se impuso 30 meses de prisión preventiva, comentó el exconsejero regional de Puno y analista político, Walter Paz Quispe Santos.

En declaraciones a Conexión, de Red de Comunicación Regional, dijo que la población está de acuerdo con las decisiones del Ministerio Público, que solicitó la prisión preventiva contra Paredes y Medina, mientras son investigados por presuntamente integrar la red de corrupción que encabezaría el presidente Pedro Castillo.

Quispe Santos anotó que, a la vez, la población se sorprende de que no se haya actuado de manera similar con anteriores autoridades, como expresidentes, exgobernadores  y exalcaldes.

El exconsejero regional señaló que hay impunidad en las instancias subnacionales, como gobiernos regionales y alcaldías, y anotó que hay la percepción de un contubernio entre el Ministerio Público y los órganos de control interno con los alcaldes y gobernadores. Para conseguirlo, se utilizan estrategias como contratar en un gobierno regional a familiares de un fiscal o juez.

Sin embargo, precisó que esa opinión no significa que se considere normalizada la corrupción y que haya una reacción contra las decisiones relacionadas a las investigaciones al entorno del presidente. Por el contrario, dijo que dejarán un precedente y con las futuras autoridades la Fiscalía tendrá un trabajo más eficiente.  “Nadie está justificando los actos de corrupción de Castillo, al contrario, la investigación tiene que continuar”, expresó.

Quispe señaló que la celeridad en las acciones de la justicia debe aplicarse para todos los casos de presuntos delitos que involucran a políticos. Anotó que si en el futuro no se toman similares acciones en casos de corrupción, se originará un malestar en la población.

“Los peruanos exigen, sobre todo en el sur, que la celeridad con la que se toma decisiones en la Fiscalía y se solicita una prisión preventiva también se haga en todos los casos, con todas las personas dedicadas al ámbito político”, comentó.

El exconsejero regional de Puno dijo que las medidas judiciales afectan al Gobierno ya que involucran a la familia del presidente Pedro Castillo, quien debe analizar que no puede tomar decisiones para intereses particulares.

Agregó que el bien común debería ser el norte del Gobierno que lleve a las acciones y políticas que se implementen a nivel nacional.