Universidades tienen 42 mil estudiantes de educación que no cubren demanda.
RCR, 16 de enero de 2010.- Alfredo León Sánchez , consultor educativo, sostuvo que en todas las universidades del Perú se tienen a 42 mil personas estudiando la carrera de Educación, las cuales no cubren las necesidades del mercado educativo nacional, y que en el Bicentenario se necesitarán 124 mil profesores. Lamentó asimismo que las facultades cuenten con una reducida población estudiantil.
“Este es un gran problema porque en todas las universidades del Perú tenemos a 42 mil personas estudiando Educación que no cubren el mercado nacional. Para el Bicentenario necesitamos 124 mil profesores. En Chile el Estado está promoviendo a través de un spot publicitario que los chicos estudien educación. En nuestro país tenemos facultades de Educación que tienen 10 alumnos a 12 alumnos y se debe ver cómo se puede solucionar este problema”, dijo el especialista en el programa “Hablemos de Educación” de RCR.
También destacó que la mayoría de profesionales que trabajan en los colegios privados no son pedagogos profesionales, aunque lo sean por experiencia. “La Sunedu acaba de cortar los cursos de complementación pedagógica y los de segunda especialidad. Aquí sociólogos, antropólogos, psicólogos o profesionales de cualquier otra especialidad estudiaban cuatro ciclos con cursos de técnicas pedagógicas y podían obtener el título de licenciado en Educación. Ahora se ha cortado este tema y si tú quieres ser pedagogo tienes que estudiar los diez ciclos”, dijo.
Respecto al decreto de urgencia que busca el cierre de colegios informales, el especialista comentó que la norma prepara el fortalecimiento de un organismo similar a la Sunedu o el Indecopi. “Esta oficina se llama Oficina de Infraestructura Educativa (Oinfe), que son varias personas de diferentes profesiones, ingenieros, arquitectos y pedagogos que supervisan áreas para colegios estatales. La reglamentación va a demorar 180 días pero ya está hecha. La ley señala que la multa va a ser para la Ugel y esperemos que no vaya a funcionar como una caja chica”, indicó.
“De cada 10 colegios privados dos en Lima Metropolitana son colegios informales, que no tienen la resolución de funcionamiento o solo tienen primaria o un local anexo. “Si uno tenía que hacer la ampliación de un colegio tenía que presentar la documentación antes del 30 de octubre del año anterior y el gobierno tenía 60 días para contestar. Si en 60 días no te contestaba, dabas esta negación como positiva es decir este organismo del estado de nuestra educación tendría que emitir la resolución de lo solicitado pero en este caso es todo lo contrario”, explicó.
Sobre el tema de la devolución de las cuotas de ingreso, señaló que esa medida no implicará un beneficio para la mayoría de usuarios de colegios privados porque solo involucra a los colegios de nivel económico A y B. “De 10 colegios tenemos un colegio que es A, dos colegios son B y los demás son C. Las personas de nivel A y B no se verían tocados pues pagan cuotas de ingreso de hasta 10 mil dólares. En los demás colegios no encuentras cuotas de ingreso y sí las hay son menores que la pensión o la matrícula. No es significante económicamente hablando y no tiene la trascendencia para el contexto social que tenemos”, dijo.
En relación con multas a los colegios privados, indicó que “ahora la ley en caso de cualquier falta ya no se dirige a la persona jurídica o al director, ahora toca puntualmente al promotor del colegio”. “Ahora cuando hay una multa por una infracción pide cosas: el promotor y los estados financieros de los dos últimos años a fin de mesurar la multa. Si el promotor no paga una multa se le puede abrir un proceso, es decir que no hay ninguna forma o mecanismo legal por el cual el promotor pueda evadir cualquier multa”, anotó.
“De 10 colegios en Lima Metropolitana 6.2 son colegios privados de nivel C y a veces D. Es necesario que se tenga en cierta medida consideración con ellos porque sus pensiones son de 200 soles. Si se imponen multas elevadas a estos colegios la mayoría no van a tener la solvencia económica y de gestión para poder desempeñar sus actividades. Lo que se necesita en primer término es el apoyo de los organismos estatales para que ellos puedan realizar sus actividades”, manifestó.
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