RCR , 10 de Diciembre 2020 .- Juan Manuel Benítez, presidente del Instituto Crecer y exministro de Agricultura, dijo que el Gobierno y el Congreso deben mejorar la derogada Ley de Promoción Agraria de manera técnica y no ideológica ni populista, para no destruir a la industria de la agroexportación que tantas divisas le trae al Perú.  También indicó que el Estado debe fiscalizar y sancionar a las empresas informales, que son las verdaderas causantes de los reclamos de los trabajadores agrarios en todo el país.

“(La agroexportación) sí funciona bien, no lo echemos abajo por cuestiones ideológicas y menos por populismo. Escuchemos a todas las partes y analicemos la data, el análisis empírico, tomémonos el tiempo que sea necesario, no por correr en 15 días, hagamos una barbaridad y terminamos con una ley Frankenstein. Eso sería una oportunidad perdida. Tengo fe en que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura, tengo fe en que los agricultores han entendido el mensaje y van a tener propuestas propositivas y espero que el Congreso convoque a técnicos para que puedan ayudar en mejorar esta norma”, afirmó.

Consideró, en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), que “esta ley ya derogada abre la posibilidad de una revisión”. “El temor que hay es que los sesgos ideológicos nuevamente empiecen a aparecer, he escuchado propuestas descabelladas, de hablar de estabilidad laboral, eso no es factible, seria deseable, pero no es factible, no están reconociendo la realidad de la agricultura, la agricultura tiene etapas, tiene procesos, tiene momentos en que demanda más mano de obra y otros en los que no demanda tanta mano de obra, hay que ser claros, se necesita esta temporalidad, se requiere tener claro la realidad de la agricultura”, anotó.

“Hay un riesgo altísimo de que el populismo y la ideología se presenten en este espacio lamentablemente llevando la norma a una desnaturalización de un régimen que era promotor del sector agrario. Se están confundiendo las cosas, acá no ha habido nunca un enfrentamiento entre la agricultura pequeña y la grande. Como si la agricultura grande por el crecimiento que ha tenido ha perjudicado a la pequeña, y eso no es verdad”, recalcó.

Destacó que “en la encuesta de Ipsos, que ha preguntado a la población que opina de la ley, el 51% de la población opina que debe mantenerse con algunos ajustes y eso que nos se ha informado lo suficiente”. “Yo creo que si se hubiera hecho un trabajo que se ha venido pidiendo hace tiempo también a los gremios agrarios, incluso cuando yo era ministro se los comunique, que deben ustedes hacer una proyección social, deben comunicar al resto, no es suficiente salir reactivos, tener un problema cuando alguien amenaza la ley, esto debe ser un mensaje a la población de que sí se pueden hacer cosas si se trabaja de manera apropiada”, acotó.

“Los reclamos que se vieron y que motivaron estas paralizaciones en las carreteras pueden estar justificados, pero de ninguna manera eso debe ser una razón para tomar una decisión tan abrupta. En todo caso, pudo también haberse hecho al revés. En estos 15 días pudo haberse trabajado la nueva propuesta y sobre esa base anunciar un cambio de ley, de una por otra, pero ya se hizo así”, manifestó.

“En ese sentido, lo que hay que hacer es analizar de manera correcta los beneficios y los costos de esta norma. De ahí es enfocarse en lo medular de las manifestaciones en las carreteras que es el ingreso de las familias, el sentir que no están disfrutando de esta bonanza del sector también los trabajadores del campo. Eso tiene un correlato directo con los sueldos y los salarios que han estado pagando estas empresas y el abuso de las services. Por otro lado, tenemos el aspecto tributario. Yo partiría en dos grandes temas: el aspecto laboral que compete al trabajador y el aspecto tributario que tiene que ver con la política económica”, resaltó.

La informalidad ha destruido a la Ley de Promoción Agraria

Expresó que “el problema que tenemos en el país es la alta informalidad”. “Esta mirada de muchos empresarios de sacarle la vuelta a la ley, podrán sacar otra ley, pero seguramente algunos van a seguir con esta actitud. Y eso solo se resuelve con fiscalización inteligente. Se debe usar la tecnología, hoy día se usan drones y satélite para saber quienes están en el campo y en que parte. Hay formulas para saber cuantos hay, ver la planilla, comparar y sancionar”, apuntó.

“Hemos dejado el espacio a informales que destruyan un sistema que estaba funcionando relativamente bien. Estoy de acuerdo en que el Estado ha fallado en dar información, deberían exponer la lista de los informales, deberíamos saber quienes son esos que le sacan la vuelta al país y los trabajadores deberían saber donde pueden trabajar, deberían tener idea donde se paga, cuanto se paga, que empresas están contratando, para no ser capturados por las services. Hay muchas cosas que se pueden mejorar”, observó.

Remarcó que “lo que ha hecho Sunafil con buena voluntad no alcanza, todavía no ha sido suficiente”. “Usted mira los salarios en Arequipa y son 70 soles por día, pero al norte hay empresas que pagan 60 soles por día. El precio del trabajo no debería ser el problema y ahí no se ha hecho un buen trabajo de fiscalización oportuna y por eso es que hemos tenido una altísima informalidad que ha traído abajo la ley”, aseveró.

“En el caso de Piura, hay una empresa El Pedregal en Piura, donde los trabajadores del campo estaban fastidiados, se pararon en la puerta de ingreso, negociaron con su empleador y se solucionó el problema, les aumentaron los ingresos, les mejoraron los alimentos, etcétera. Aquí esto se ha llevado a lo político, se ha llevado a un punto distinto, incluso a la ideología, este asunto de los grandes contra los chicos y nos olvidamos lo que ha significado el esfuerzo de los empresarios por conquistar el desierto, por generar empresa, por dar trabajo formal, aunque sea poco, porque estamos hablando alrededor del 5% de la masa laboral en agricultura”, dijo.

Destacó que “es un sector que hoy tiene derechos, que hoy día tiene la capacidad de ver un salario donde se incorpora CTS y gratificaciones”. “Y eso es un tema que debemos recuperar, debemos retomar en cuanto a la mirada de la temporalidad de la agricultura y en ese sentido de la flexibilidad que tienen que tener los contratos. Yo creo que hay una posibilidad de seguir creciendo en el sector”, puntualizó.

“En el tema tributario podemos discutir si las grandes empresas ya han tenido lo suficiente. Es un tema que se debe evaluar, hay varios que ya se han consolidado, pero hay otros proyectos de irrigación también. Habría que ver si en ese espacio muchos todavía requieren de incentivos. Por lo pronto, y en eso estoy de acuerdo con el ministro de Economía, esto debe ser una reducción gradual en cinco años”, mencionó.

“Pero que pasa con los chicos, estos pequeños se han estado subiendo a este milagro peruano. Los grandes se consolidaron y abrieron mercados, hoy día no solo llevan un solo producto, llevan una cartera de productos, y empiezan a mirar que otras cosas más pueden hacer. La Costa ya no da para más y van a la Sierra y a la Selva, están ingresando a hacer alianzas con los productores, ahí llegan y se asocian, entregan tecnología, capacitan, están formando cuadros. Si todo esto funciona tenemos para rato”, comentó.

Sugirió que “el Estado tiene que hacer un trabajo consistente en mejorar la productividad, pero eso no significa un enfrentamiento con la gran empresa”. “El boom exportador ha generado olas positivas en la agricultura familiar, con esta mirada de mejoramiento de productividad, de tecnología, de mercados, de asociación. Agroideas ha financiado en el norte, asociaciones de productores de banano orgánico, que es exitosísimo, en cacao igual, en papa nativa, en paltas, es decir, sí funciona, hay que trabajar en un plan nacional de riego tecnificado que les permita dar el salto tecnológico”, subrayó.

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