RCR, 08 de julio de 2025.- ván Arenas, especialista en gestión social y conflictividad social, señaló que la reciente depuración de más de 50 mil registros para el proceso de formalización minera, ha sido utilizada políticamente por sectores vinculados a la minería informal. Agregó que tras la convocatoria del congresista Paul Gutiérrez para debatir la Ley MAPE, consideró que estaría siendo manipulado con fines políticos.
“No se ha anulado ningún Reinfo que tenga un año o menos de suspensión, y los vigentes evidentemente siguen vigentes. Considero que los más de 30 mil vigentes deben iniciar o reiniciar este procedimiento de reforma de la formalización, porque es altamente probable que el Gobierno anuncie la ampliación del registro”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Cuestionó que el Congreso, en particular el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, haya convocado a una sesión extraordinaria durante el receso parlamentario, contraviniendo un acuerdo previo de que la discusión de la nueva ley MAPE se retome en la siguiente legislatura.
“Gutiérrez, al margen de tener una propuesta técnica, lo que está haciendo es básicamente política e ideología para querer representar a este mundo de minería, informal o no formal, que es diverso, distinto, y que no necesariamente tienen que estar con ellos, se podría decir que actúa más como un operador político que como legislador”, expresó.
Precisó que la comisión actual no tiene legitimidad para aprobar ningún dictamen, y recordó que 14 congresistas votaron en contra de debatir la ley MAPE en la legislatura vigente. A su juicio, la agenda responde más a intereses ideológicos que a un verdadero intento de ordenar la minería informal. “Se está engañando a los mineros informales haciéndoles creer que todos serán excluidos o que les quitarán sus concesiones, lo cual es falso”, enfatizó.
Asimismo, señaló que Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, estaría permitiendo con su inacción que se imponga una agenda sin sustento técnico ni legal, considerando que en el pasado se mostró a favor de iniciativas de la minería informal.
“Cualquier aprobación irregular recaerá bajo su responsabilidad política, porque se está cediendo poder a una comisión sin facultades legales, lo cual es inaceptable en un Estado de derecho, es importante que tanto las fuerzas políticas y la ciudadanía deben estar alertas frente a esta situación”, anotó.
Remarcó que es urgente evitar que el próximo Congreso vuelva a colocar en cargos estratégicos a personajes que promueven intereses particulares por encima del bienestar común. “Hay una instrumentalización peligrosa del conflicto minero con fines políticos y económicos. Lo que se necesita es una verdadera formalización con reglas claras, no más manipulación”, concluyó.
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