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EJECUTIVO PRESENTÓ DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LEY QUE ELIMINA EL RÉGIMEN CAS

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Fuente RPP

El procurador Luis Huerta explicó que la ley, aprobada por insistencia en el Congreso, vulnera las competencias del Poder Ejecutivo en materia de administración de la hacienda pública y gestión del recurso humano en el sector público.

La Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional, en representación del Poder Ejecutivo, presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 31131, que dispone la incorporación de los trabajadores del Estado bajo el régimen CAS a los regímenes laborales de los decretos legislativos 728 y 276.

El pasado 4 de marzo, el Congreso de la República aprobó por insistencia la norma que elimina en forma progresiva el régimen CAS con 105 votos a favor, cero en contra y siete abstenciones.

El procurador Luis Huerta Guerrero explicó los motivos que sustentan la inconstitucionalidad de esta ley así como el perjuicio económico que acarrearía al Estado su aplicación.

«El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas ha determinado el impacto económico que tendría la aplicación de la ley 31131, es así que la incorporación de cerca de 286 mil personas que laboran bajo el régimen CAS a los otros regímenes tiene un costo estimado de 3 600 millones de soles», señaló a RPP Noticias.

Afecta competencias del Ejecutivo

El funcionario indicó que ese monto «no se encuentra previsto en el presupuesto público; por ello se alega en la demanda interpuesta que la ley afecta la competencia del Poder Ejecutivo de administrar la hacienda pública».

Dicha norma, afirma el procurador, también afecta la competencia del Gobierno «para gestionar como órgano rector el sistema administrativo de gestión de los recursos humanos en el sector público».

Según la demanda, la ley vulnera cinco artículos de la Constitución Política.

El procurador Huerta señaló que espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la admisibilidad de la demanda y, posteriormente, la remita al Congreso de la República para que proceda a contestarla.