DISIDENTES DE LAS FARC QUE CONTROLAN NARCOTRÁFICO EN EL PUTUMAYO AMENAZAN CON EXPANDIRSE A TODO LORETO

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RCR, 04 de Diciembre 2020 .- Jaime Antezana, especialista en seguridad, orden interno y narcotráfico, señaló que más de 350 disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) controlan el narcotráfico en la provincia del Putumayo, Loreto. También advirtió que esa organización criminal amenaza con expandirse a toda la región, debido a que el Estado peruano ha abandonado la zona desde el 2018 a causa de la crisis política permanente.

“El Putumayo, que es una provincia de Loreto, es una zona que en estos momentos está bajo control de la narcoguerrilla de los disidentes de las FARC, los exmiembros de las FARC. Ellos tienen el control de por lo menos el 70% del Alto Putumayo y Bajo Putumayo, controlan el tráfico de la droga, la minería ilegal y la tala ilegal de madera”, indicó a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Remarcó que “desde el 2018 estamos en crisis política permanente y el Estado peruano no puede atender este tipo de problemas”. “Debería hacerlo, porque esta es una amenaza a la seguridad, una de más fuertes, porque tener a una narcoguerrilla, tener a los disidentes de las FARC por más que no sean ya los frentes guerrilleros del 2000 al 2014 y tener al ELN (Ejército de Liberación Nacional) es realmente de alto voltaje y pueden extenderse a otras áreas (Por ejemplo, Caballococha, Bajo Amazonas, donde hay muchísima coca), y nos convierte en un problema geoestratégico, porque no es una guerra contra el Estado, es una guerra por la droga”, dijo.

“¿Por qué el Estado peruano, habiendo aceptado el dato de que ya habían ingresado al lado peruano en el 2016, me refiero al expresidente PPK, han pasado cuatro años y no se ha actuado? No se ha hecho nada. ¿Por qué? Porque la capacidad de fuego de esta organización es superior a la de los hermanos Quispe Palomino”, manifestó.

“Los hermanos Quispe Palomino no pasan de 150 hombres. En cambio, la estimación que se hace acá es que son 150 en el Alto Putumayo y 200 en el Bajo Putumayo, estamos hablando de 350 hombres con experiencia de guerra, controlando pozas, y cultivos, cobrando cupos, se han apoderado del área. La respuesta estatal ha sido de unos operativos en los que han bombardeado zonas de coca, pero así no se hacen operativos en ningún lado, porque si el operativo es por aire, sueltas una bomba y eso no afecta a nadie cuando no hay inteligencia. No hay una perspectiva de manejo estratégico del conflicto”, precisó.

Expresó que “en estos cuatro años se ha dejado que estos disidentes manden en gran parte del territorio de esta enorme cuenca, está en las fronteras con Ecuador, Colombia y Brasil”. “Además, estos disidentes de las FARC controlaron el Putumayo desde la fecha que llegaron, que fue el año 2000. Hasta el 2014 solo promovían cultivos de coca y controlaban el escenario, las fuerzas del orden nunca les hicieron nada. Ahora que ellos controlan todo el negocio tampoco les hacen nada”, dijo.

“Los puestos de control son de tres policías. Las bases militares no tienen órdenes de actuar. Y cuando se hace una operación y se intenta entrar, se hace con artillería pesada y no entran. Las FARC se han dado cuenta que hay temor. Estas FARC a diferencia de los Quispe Palomino, que manejan las FAL y AKM, manejan no solo esas armas, sino también misiles, tienen incluso para poder derribar helicópteros. Entonces, su nivel logístico, su tecnología militar es superior a los Quispe Palomino. En términos numéricos también es superior y ha crecido, porque no es ideológico, es negocio”, observó.

“En febrero o en marzo hubo un golpe que se dio a cuatro miembros de una lancha. Se encontraron 11 kilos de pasta, algo de marihuana y armamento muy sofisticado. Solo uno de los cuatro era de los disidentes del Bajo Putumayo. El resto era gente que había sido captada para poder trasladar la droga. A diferencia de los Quispe Palomino, que no captan a nadie y no quieren compartir las ganancias, los disidentes de las FARC saben que en este negocio todos tienen que ganar. Y empiezan a crecer como una estructura criminal del narcotráfico, como una firma”, acotó.

Control militar

Antezana indicó que “la economía de toda la cuenca del Putumayo es de la coca y de la pasta”. “Hubo una tensión hasta febrero con el ELN y terminó en una negociación, el ELN tiene una parte del Alto Putumayo, pero no solo está el ELN, también están otras organizaciones colombianas y brasileñas que llegan al Putumayo a llevarse la droga, hacia la triple frontera, para entrar por Tabatinga al Brasil. Esos grupos son los que se enfrentan a los disidentes de las FARC, porque todos los que llegan tienen que matricularse (pagar). Es decir, que hay un patronato de los disidentes de las FARC, a ellos hay que pagarles”, anotó.

“Hay grupos y se matan entre ellos, hay una violencia criminal propia del narcotráfico y del traslado de la droga que inunda la realidad de esta zona, todos los puertos que hay en esta vertiente están afectadas por la violencia. Acá hay control territorial, ellos llaman a las autoridades distritales y les dicen, tranquilos, con ustedes no es el problema, pero no hagan tal cosa, y las autoridades tienen que circunscribirse a su actividad como alcaldes, hacer obras”, resaltó.

“Igual con los militares. En el pronunciamiento que saca el frente supuestamente guerrillero que llega a esta zona, les dicen nosotros tenemos una relación y no queremos afectar a las instalaciones ni a los militares. O sea, advierten que no se metan con ellos, una amenaza velada. Pero cuando el Estado peruano tenga que controlar el territorio, cuando el Estado peruano tenga que enfrentar al narcotráfico que está en auge, va a tener que enfrentar a los disidentes, y va a tener que enfrentar también al ELN”, añadió.

“En el lado colombiano hay una diferencia. Allí los colombianos tienen una artillería fuertísima, por eso es que los disidentes de las FARC se han pasado al lado peruano, porque aquí no existe una estrategia. Colombia se les enfrenta, en Puerto Leguízamo puede haber violencia e inmediatamente están los helicópteros, están los enormes batallones militares de Colombia, por eso, matan en Puerto Leguízamo y ponen los cadáveres en el lado peruano, que es en Lupita. Hacen un hostigamiento a una lancha de la Marina en el Bajo Putumayo y los marinos tienen que ir al lado colombiano para ser atendidos. Ese es el cuadro de desolación y abandono de esta zona”, destacó.

No hay erradicación

Explicó que las FARC entre el 2007 y el 2014 solo alentaban los sembríos de coca en el lado peruano, la trasladaban al lado colombiano y allí elaboraban la cocaína que después se iba a Estados Unidos. “El cambio que ha habido es que esta vez incentivan los cultivos, procesan y refinan en el lado peruano. Ahora todo el centro de operaciones está en el lado peruano: producción de coca, procesamiento de PBC y producción de cocaína. Entonces, ellos son una narcoguerrilla, por los 56 años de experiencia de guerra que tienen en Colombia y tienen armas muy sofisticadas”, apuntó.

“Por ahí he leído un texto de El Comercio, que dice que han erradicado 5 mil hectáreas. Por favor, hay que ser exactos en esto, esta es una zona de preguerra ahora. Decir que el Estado ha erradicado en el Putumayo, me parece un verdadero desafío a la realidad, porque desde que están los disidentes de las FARC en esta zona, desde el 2016 hasta la fecha no ha habido ninguna erradicación en el Putumayo”, observó.

Manifestó que “el Putumayo, para el Estado peruano, no produce más de 2,500 hectáreas, mientras que las cifras en la zona hablan de 7 mil en el Alto Putumayo y 6 mil en el Bajo Putumayo”. “Es decir, estaríamos en el triple de producción de coca que el Estado peruano acepta. En la zona de Pacoral, se calcula mínimo 7 mil hectáreas, en la zona de Cocaral se calcula que hay de 5 a 6 mil hectáreas, solo en dos quebradas del Alto y Bajo Putumayo. La cifra oficial hace tiempo no captaba la realidad, ahora menos”, precisó.

“Se hacen algunos operativos de interdicción muy rápidos. Si destruyes una poza en una zona donde no controlas al narcotráfico, eso no representa ninguna afectación al negocio. Es como en el Vraem, donde anualmente se informa que se destruyen 700 o 500 pozas de maceración o laboratorios rústicos y no afecta al negocio. Lo que se está haciendo son pequeñas acciones, bastante epidérmicas, porque no se quieren enfrentar a los disidentes de las FARC”, aseveró.

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