RCR, 19 de enero de 2026.- Un mensaje emitido por el presidente de la República, José Jerí, en el que ofreció disculpas públicas por una reunión privada realizada con un empresario chino, lejos de cerrar la controversia, abrió nuevos cuestionamientos sobre la transparencia de su gestión. Aunque el mandatario admitió haber cometido un error al ingresar encapuchado y reconoció que su accionar generó suspicacias, horas después se conocieron otros encuentros que comprometerían la veracidad de su versión inicial.
José Belón Jara, abogado y exfiscal, señaló que los hechos ameritaban la apertura de una investigación preliminar por presuntos delitos como patrocinio ilegal o negocio incompatible, debido a que las personas con las que se reunió el mandatario mantienen vínculos contractuales y concesiones con el Estado, lo que configura una sospecha legal que no puede ser ignorada.
“Lo que corresponde es aperturar una investigación preliminar, donde la Fiscalía pueda investigar al presidente de la República por presuntos delitos de patrocinio ilegal porque lamentablemente las personas con las que se reúnen de manera clandestina, tienen vínculos muy estrictos con el Estado peruano, y ya se ha generado una sospecha leve respecto a la comisión de un delito de parte del presidente”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Sostuvo que la ley de transparencia administrativa prohíbe al presidente sostener reuniones privadas con proveedores del Estado o con personas que enfrentan procesos judiciales. En ese sentido, recordó que todo encuentro oficial debe realizarse en espacios institucionales, con registro, agenda pública y protocolos formales, y no de manera reservada.
“El presidente de la República por la ley de transparencia administrativa está impedido de poder relacionarse en forma privada con personas que son proveedores del Estado, tienen intereses con el Estado, porque la sospecha mínima aparece en que Jerí podría estar patrocinando intereses terceros, podría estar influyendo en algunas decisiones del Estado, entonces, estas sospechas mínimas merecen investigarlas a nivel fiscal”, expresó.
Belón precisó que la eventual investigación no solo debería alcanzar al presidente, sino también a los empresarios implicados, ya que el tráfico de influencias involucra tanto al funcionario como a los particulares. Además, señaló que permitir el ingreso de personas con medidas coercitivas vigentes evidencia serias fallas en los controles de seguridad del Estado y podría derivar incluso en responsabilidades administrativas o constitucionales.
“Si tiene intereses, sea por consorcio, directos o indirectos, finalmente tiene intereses, y la participación preliminar es a ambos, y en el caso del otro ciudadano chino, que es mucho más delicado, hay incluso parte de estar aludiendo la acción de justicia y las reglas de conducta que le ha puesto el Poder Judicial”, afirmó.
Remarcó que este episodio golpea severamente la figura presidencial y profundiza la desconfianza ciudadana en la clase política, por lo que consideró que las disculpas no son suficientes en un Estado de derecho y que el mandatario debería someterse voluntariamente a una investigación fiscal. “Deberá entregar registros, audios y videos de las reuniones cuestionadas y colaborar plenamente con las autoridades”, subrayó.
