Ydalid Rojas Salinas, jefa del programa de Ética, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas de la Defensoría del Pueblo, informó que 13 trabajadores municipales de seis regiones habrían incurrido en actos de corrupción al figurar como beneficiarios del bono de 380 soles destinado para personas en estado de pobreza extrema.

“Se trata de casos reportados en seis regiones, en Huancavelica, Tumbes, Áncash, La Libertad, Piura y Tacna. En el caso de Tumbes es una municipalidad provincial y en los demás casos son municipios distritales. Son 13 trabajadores y de ellos cinco son responsables de la propia unidad local de empadronamiento, quienes se encargan de recibir las solicitudes para ingresar a esta clasificación”, precisó a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Indicó también que “aquí hay que evaluar la responsabilidad disciplinaria y penal”. “También se va a evaluar la responsabilidad que pueda tener la Dirección General de Focalización e Información Social del Midis, porque ellos son responsables de determinar la clasificación socioeconómica de los hogares, de certificar quienes van a ingresar esta base de datos y además de mantener un registro actualizado de las unidades locales de empadronamiento”, agregó.

“Vamos a exigir investigaciones exhaustivas a las autoridades competentes como el Ministerio Público, la Contraloría General y las propias municipalidades para hacer las investigaciones en el ámbito disciplinario. Además la competencia que tiene el Midis respecto a esta evaluación que al parecer no se ha realizado”, indicó.

Informó que “la Defensoría pone a disposición de la población la línea telefónica gratuita 080-15-170 para llamar y reportar casos”. “También nos pueden seguir a través de la página de Facebook @ Defensoría Perú y nos pueden alertar de estos casos. Nosotros vamos a trasladar esas denuncias a las autoridades competentes para que hagan las investigaciones”, dijo.

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