RCR, 26 de agosto 2025.- La designación de Juan José Santiváñez, como ministro de Justicia, es parte principal de la estrategia de confrontación que la presidenta Dina Boluarte y su gobierno desarrollará contra el Poder Judicial y la administración de justicia del país, aseguró el analista en temas políticos, José Antonio Torres Iriarte.
“Sí, me imagino que Dina Boluarte debe haber evaluado los pro y los contra, por lo que creo que está jugando sus cartas políticas para mantener una línea que apunta a respaldar acciones como la ley de amnistía a favor de militares y policías, la posición crítica respecto a la intromisión de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sus diferencias con el Ministerio Público y el Poder Judicial”, subrayó.
En todo caso, refirió que el nombramiento de Santiváñez es otro error político de la presidenta Boluarte, aunque éste sea relativizado por el abrumador rechazo ciudadano a su gestión.
En entrevista con RCR, Torres Iriarte pronosticó también que el próximo proceso electoral podría inclinarse a la moderación en términos políticos e ideológicos, en la que partidos y agrupaciones políticas de centro tomarían la iniciativa, en desmedro de las tendencias radicales y disruptivas de izquierda y derecha, a pesar de los pronósticos en sentido contrario.
“Me parece que en este próximo proceso electoral podría haber cierta moderación a la hora de votar. Es verdad que han surgido a veces candidatos disruptivos, como Carlos Álvarez o como Philip Butters u otros candidatos que han cuestionado la migración venezolana o han exacerbado el tema de la seguridad interna pero creo que esos lenguajes un poco altisonantes han ido perdiendo la fuerza”, apuntó.
Y, en ese sentido, consideró que esa tendencia hacia la moderación va a influir mucho para que la economía del Perú, que está en crisis, muestre algunos signos de recuperación, ya que su moneda es estable, además de que -dijo- eso ayudará a que el ambiente electoral no se polariza.
En ese contexto, expresó su preocupación por la extrema atomización de la participación electoral, la misma que -dijo- si bien es cierto es producto de la precarización de la política, no pondrá en riesgo el voto ciudadano.
De igual modo, el analnista Torres coincidió con la mayoría de expertos sobre el peligroso rol que tendrá la minería ilegal en la campaña electoral de 2026, por la fuerte influencia que pueda ejercer sobre los principales actores del proceso eleccionario.
“Yo he venido también sosteniendo que aparte de la precarización política y la anarquía electoral, tenemos la acción la minería ilegal y las economías informales, que son parte de la economía diaria del país, porque mueven miles de millones de dólares, y seguro que está financiando con dinero no bancarizado a por lo menos a 10 partidos, del total de 30 que están en la escena electoral”, alertó.
