DESARROLLO DEL SECTOR MINERO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE SERA CLAVE PARA EL PROXIMO GOBIERNO PARA REDUCIR LA POBREZA EN EL PAIS

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RCR, 18 de enero de 2021.- En el marco del desarrollo del foro especializado “La agenda urgente del sector minero ¿Cómo llegamos al siguiente gobierno?” organizado por la iniciativa Foromin+D, que se realizó del 13 al 15 de enero, su director y ex ministro de Energía y Minas Francisco Ísmodes resaltó que “existe el gran reto de hacer percibir a la población la asociación entre minería y desarrollo, para darle sentido al aprovechamiento de los recursos naturales”.

Sostuvo que el próximo gobierno debe reducir la pobreza en las regiones y provincias con alto potencial minero, para evitar la conflictividad social permanente como en el caso del Corredor Minero del Sur.

Resulta importante para que la población tome conciencia del involucramiento que deben tener junto a sus autoridades en la planificación del desarrollo territorial. Aquí es donde el ministerio de Energía y Minas (Minem), representando al gobierno nacional a través de sus Comités de Gestión, juega un rol importante: tanto para informar sobre minería como para impulsar el desarrollo, estando pendiente la integración al ROF (Reglamento de Organización y Funciones) del ministerio, de estos comités.

“ Se tiene que hacer un trabajo articulado con un enfoque de desarrollo territorial, donde la autoridad nacional esté coordinando con los ministerios de Energía y Minas, del Ambiente y la PCM, viendo que se cumpla el desarrollo que se necesita, con los recursos que se está generando,” comentó a través de RCR, Red de Comunicación Regional.

Explicó que se puede  impulsar el fondo de adelanto social, como parte de esta agenda de corto plazo. “El fondo tiene por finalidad que el Estado, antes que empiecen a generarse los recursos de la minería en un territorio donde hay alto potencial minero, puede empezar a invertir en programas de cierre de brechas sociales”.

 “Nosotros en épocas donde no hay tantos recursos para poder explorar, debemos ser un poco más competitivos y ser más ágiles en estos permisos y no tomar tanto tiempo. Hay que fortalecer también la gestión y equipos en la actualidad que está encargada de dar los permisos. Todos estos temas y otros, que se consideren pueden ser opinados en una agenda de corto plazo, el ministerio debería impulsar”, afirmó.

Gobierno tiene responsabilidad en cierre de brechas

Manifestó que “la conflictividad social no es un tema que se pueda resolver de la noche a la mañana”. “Una población que se opone a un proyecto es porque algo está mal, algo no funcionó, y eso es lo que hay que ver que resolver.

Por ejemplo, una autoridad nacional que es la que otorga los permisos a esa mediana y gran minería, no está en ese territorio explicando los alcances de esa minería y qué obligaciones ha cumplido para poder operar allí, los recursos que se van a generar y tampoco está allí para promover que esos recursos sean invertidos de manera adecuada y en favor de los ciudadanos”, observó.

Agregó que esa presencia territorial se empezó hace algunos años y se está continuando con impulsar los comités de gestión, que son justamente espacios coactivos, donde la autoridad nacional está presente informando, promoviendo desarrollo. “Esa es la manera de empezar a construir un sentimiento de que la autoridad nacional está presente, que se responsabiliza y garantiza que quien vaya a operar allí va a cumplir las obligaciones legales y ambientales, y que también la autoridad nacional cumple con sus compromisos”.

En ese sentido dijo que pasa muchas veces, que cuando hay un conflicto va la autoridad nacional, toma acuerdos y luego desaparece, y los compromisos se quedan en el aire”.

Explicó que “si las cosas se hicieran de la manera en que se deben de hacer, ese protagonismo o incidencia que en algunos casos tienen las ONG no se daría”.

 “Un Estado presente, un gobierno nacional que otorga las autorizaciones, que esté presente podría informar sobre los temas relevantes de la minería y de esos proyectos que se desarrollen. La ONG, que busca desestabilizar alguna actividad o que busque cuestionarla, tendría que completar la información que pone el gobierno”, apuntó.