Fuente :  Diario Uno

El Congreso de la República debe ratificar la firma del Acuerdo de Escazú, sobre derecho a información, participación pública y acceso a justicia en asuntos ambientales. Sin embargo, el economista Hugo Cabieses advierte sobre presiones para que acuerdo no sea suscrito y se debilite así la figura de la consulta previa y la protección del medio ambiente.

El economista de la Universidad del Pacífico, Hugo Cabieses, advirtió sobre la campaña que se estaría impulsando desde los gremios empresariales más poderosos del país, con el fin de que el Congreso de la República no ratifi­que la adhesión del Perú al acuerdo de Escazú.

Hay que recordar que el Acuerdo de Escazú es im­pulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entidad dependiente del Organismo de las Nacio­nes Unidas (ONU), y busca garantizar los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos am­bientales. Dicho acuerdo, fue suscrito por el Perú en marzo de 2018, mediante la entonces ministra del Ambiente, Fabiola Mu­ñoz.

MIENTE QUE ALGO QUEDA

“Este acuerdo regional, que está ya firmado por 22 países de América Latina y el Caribe, incluyendo a Uruguay, Ecuador y Boli­via, fue promovido por la Cepal, preocupada porque en diferentes países se vio­lan principios de derecho ambiental y los Estados no son suficientemente rigu­rosos respecto a empresas que afectan la biodiversi­dad. Y en el caso del Perú, todavía debe ser ratificado por el Congreso”, señaló Cabieses.

El economista cuestio­nó que quienes buscan pro­mover la no ratificación del acuerdo, lo hagan a partir de falsedades, como indi­car que el acuerdo pone en riesgo la soberanía nacio­nal. “Algunos dicen que se pierde soberanía, y esto no es real, no se pierde ningu­na soberanía territorial. Y tampoco es cierto que las ONG hayan promovido el acuerdo, sino que fue la propia Cepal, con el apoyo por supuesto de ONG que estuvieron de acuerdo con que los países firmen este compromiso”, indicó.

Que el Perú no ratifique la suscripción al acuerdo de Escazú, a criterio de Cabieses, sería inaceptable en tanto sig­nificaría que el país no está de acuerdo con facilitar el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en los asuntos ambientales.

CONSULTA PREVIA EN RIESGO

Además, manifestó que quienes hacen campaña en contra del acuerdo, en rea­lidad buscan evitar que las inversiones sean consultadas en virtud del convenio 169 de la OIT, el cual sostiene que “las inversiones deben someterse a consulta previa libre e informada”. “Y ese es el eje central del problema, no están de acuerdo con la consulta previa”, agregó.

“Si el Congreso finalmen­te no aprueba el acuerdo, los grupos de poder esta­rán felices de imponer sus inversiones sin pasar por la consulta previa, y sin pre­sencia del Estado, que por cierto no debería alinearse con las empresas, cosa que salvo excepciones, ha esta­do haciendo hasta ahora”, afirmó.

“La no aprobación del acuerdo por parte del Con­greso y por tanto por parte del Perú, les deja las manos libres a estos poderosos agrupados alrededor de la Confiep, la Sociedad Nacional de Mine­ría y Petróleo y la Sociedad Nacional de Pesquería. De este modo tendrían el ca­mino libre para impulsar sus proyectos extractivos de minerales en la sierra, de petróleo en la Amazonía y de especies marinas en toda la zona costera”, remarcó.

GRANDES INTERESES EN JUEGO

Cabieses señaló que, en el caso de la Sociedad de Minería y Petróleo, esta se beneficiaría en tanto de­jarían de cuestionarse los proyectos mineros a partir de razones ambientales o sociales; por el contrario, indicó que lograrían pro­mover lo que siempre han querido: la eliminación de los trámites necesarios para la aprobación de proyectos, como los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

“Quieren bajar el nivel de exigencia de esos estudios. Todo estudio de impacto am­biental tiene un capítulo que se denomina cierre de minas, y debe señalar que los daños ambientales causados deben ser remediados. Pero, ¿qué hacen las empresas al llegar a esa etapa? Se declaran en quiebra y dejan los pasivos ambientales para que sean asumidos por el Estado, mediante Activos Mineros, una empresa pública que depende del Ministerio de Energía y Minas, y que no tiene capacidad ni presu­puesto para remediar el pasivo dejado por las mi­neras”, apuntó.

“Lo que hace este acuerdo es garantizar que se cumplan con las especificaciones ambien­tales que el mismo Estado considera, pero que las em­presas incumplen, como incumplen también las multas que les imponen. Y cuando el Estado insiste, recurren al Poder Judicial y presentan una acción de amparo, de tal modo que siempre tienen al Estado atado de manos. Entonces este acuerdo regional per­mite que las poblaciones afectadas por los pasivos ambientales y el mismo Estado puedan recurrir a esta herramienta para protegerse”, refirió.

Por otro lado, señaló que otro de los temas abor­dados por el acuerdo es la obligatoriedad para una ley de ordenamiento terri­torial, “que el Perú hoy no tiene porque a los mineros no les conviene que haya orden en el territorio”. Con­tradictoriamente, recordó que el Perú forma parte de la Alianza del Pacífico, junto a México, Colombia y Chile, tres países donde sí existe dicha ley de orde­namiento territorial.