RCR, 04 de julio 2025.- Karina Garay Tapia, vocera del Observatorio de Minería Ilegal, denunció que en Madre de Dios una persona fallece a diario por la presencia de la minería ilegal, incluso en otras zonas mineras donde prolifera esta actividad, las muertes pasan completamente desapercibidas por falta de registros.

“Cuando en las zonas mineras existe minería ilegal, no se tiene un registro de cuántas personas están trabajando en esta actividad, entonces cuando alguien fallece en un socavón ilegal, ni siquiera se sabe quién era, ni dónde trabajaba exactamente, son vidas que se pierden en el anonimato”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Precisó que zonas como Suyo y Ayabaca en Piura, donde se reportaron recientemente muertes en socavones, el número real podría ser mucho mayor. “En Madre de Dios se dice que a diario muere una persona, pero se desconoce quién es o dónde trabajaba, porque no hay registro, no hay control, y lo peor es que no hay respuesta del Estado”, expresó.

Garay enfatizó que a esta situación se suman otros delitos conexos como la trata de personas, explotación sexual y homicidios no esclarecidos en los campamentos mineros, por lo tanto, demando una ley de formalización minera que dé garantías de salud y garantías laborales, para asegurar que se está cumpliendo con todos los derechos laborales.

“Desconocemos cuántas personas van allá a ser explotadas laboralmente, no solamente en la extracción del mineral, sino también en lugares que siempre están presentes en los campamentos mineros, háblese de los bares donde se explotan mujeres y menores de edad, estas personas tampoco tienen un registro o no sabemos de dónde fueron captadas y que también muchas veces son víctimas de homicidios”, afirmó.

Mesa de trabajo no tuvo avances por exigencias de la Confemin

Tras la ruptura del diálogo entre el Ejecutivo y la CONFEMIN, que anunció su retiro de la mesa técnica convocada por el Ministerio de Energía y Minas. Advirtió que iniciará una serie de movilizaciones, dejando en suspenso cualquier avance en la construcción de una ley MAPE, dejando a foja cero en el proceso de diálogo nacional.

“Si los mineros que están en proceso de formalización dicen que no son ilegales, no tendrían por qué estar pidiendo esta paralización de interdicciones, es contradictorio pedir que se suspenda una medida dirigida a combatir justamente lo que dicen no practicar, y ahora el panorama es preocupante porque tememos que regresen a las movilizaciones, a las tomas de carretera, a todo lo que se estaba dando hasta hace tres semanas atrás por parte de estos gremios exigiendo que no sean retirados del proceso de formalización minera”, anotó.

Asimismo, alertó sobre el uso político que algunas federaciones mineras estarían buscando en plena coyuntura preelectoral, incluso bases como la de Secocha en Arequipa se han distanciado de CONFEMIN, denunciando que su dirigencia actúa con intereses personales y electorales.

“Muchos de estos gremios buscarán alianzas con candidatos que les prometan leyes más permisivas. Ya lo hemos visto antes. Es fundamental evitar que intereses ilegales penetren el próximo Congreso”, sostuvo.

Manifestó que las divisiones dentro del propio movimiento minero también reflejan un problema estructural más profundo, mientras un sector reclama avanzar hacia la legalidad, otro parece querer utilizar el proceso de formalización como un blindaje para continuar en la ilegalidad y la situación se agrava con la injerencia de mafias extranjeras.

“En la zona del Nanay se ha identificado a un capo colombiano manejando redes criminales vinculadas a la minería ilegal. Entonces, miren todo lo que se está generando, todo lo que se está realizando porque no tenemos un orden ni tenemos un claro proceso de formalización minera”, subrayó.

Finalmente, insistió en que el Estado aún puede retomar el liderazgo si garantiza la participación de todos los actores, incluyendo Fiscalía y ciudadanía, en la construcción de una nueva ley MAPE. “No podemos permitir que la formalización sea solo un registro para operar. Tiene que ser un proceso transparente, con control social, y que asegure derechos laborales, ambientales y de salud”, concluyó.