Jefa del Área de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho, Ana Enciso, manifestó también que las notificaciones judiciales tienen que ser inmediatas, cuando se traten de actos de violencia contra una mujer que impliquen lesiones graves o pongan en peligro inminente su vida.
RCR, 23 de mayo 2019 .- El personal del juzgado de familia de Ayacucho, a cargo del caso de Roxana Maribel Torres Mendoza, y que derivó en el primer feminicidio ocurrido en la región, a inicios de año, ha incurrido en negligencia en el cumplimiento de sus funciones, al incumplir con notificar oportunamente las medidas de protección expedidas a favor de la agraviada, denunció la jefa del Área de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo en dicha circunscripción, Ana Enciso.
“Esto es de responsabilidad de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) determinar qué tipo de responsabilidad (hay). Nosotros advertimos una negligencia en el cumplimiento de funciones del personal del Juzgado, y se le ha comunicado a la ODECMA. Ellos, de acuerdo a la investigación, y a la defensa que tendrán los funcionarios, evaluarán el tipo de faltas, así como la sanción que corresponderá”, subrayó.
En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Enciso manifestó también que las notificaciones judiciales tienen que ser inmediatas, cuando se traten de actos de violencia contra una mujer que impliquen lesiones graves o pongan en peligro inminente su vida.
“Cuando se trata de lesiones graves, cuando el hecho es una violencia grave, la notificación debe ser inmediata, por su misma condición de gravedad, a diferencia de los casos que son leves o menos graves. Ahí, el juzgado hace una evaluación y si se están evidenciando hechos de gravedad, acá no se tiene que esperar mucho tiempo. Para eso existen los órganos de la administración de justicia, para movilizar a todos los operadores, a fin de que estas medidas se cumplan”, enfatizó.
En ese contexto, refirió que la representación defensorial de Ayacucho está trabajando fundamentalmente en temas de prevención, con capacitaciones a los ciudadanos sobre la legislación establecida sobre el tema de la violencia contra la mujer.
Roxana Maribel Torres Mendoza fue asesinada por el padre de sus cuatro hijos, luego de haber sido agredida previamente a inicios de enero, por pedirle dinero para preparar los alimentos en casa.
Pese a que la víctima recurrió a tiempo al Poder Judicial, el oficio con el cual se le comunicó a la Comisaría de Carmen Alto las medidas de protección dictadas para su ejecución, suscrito el viernes 4 de enero, fue notificado el lunes 7 del mismo mes, a las 17:05 horas, cuando el feminicidio ya se ha había consumado. El Juzgado de turno no diligenció la notificación el viernes 4, sábado 5 ni domingo 6 de enero.
“Lo más saltante es el tema de la notificación. La medida de protección que se ha dado a esta víctima de la violencia contra la mujer, no se ha notificado oportunamente a la comisaría de Carmen Alto. Esto lo tenemos en el informe del personal del Juzgado de familia, el cual indica que se apersonó a la comisaría de Carmen Alto, portando el oficio que contenía la resolución de las medidas de protección para la víctima, el 7 de enero, cuando la víctima ya había fallecido. Allí se denota una demora, pese a ser un caso de violencia grave”, especificó Torres Mendoza.
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