Alberto Cabrera Marina
Tras los graves enfrentamientos entre colonos y nativos Awajún, registrados en la margen izquierda del río Mayo, a la prefecta regional de San Martín, Mary Luz Cárdenas Guevara, no le queda otro camino que pedir la urgente intervención de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a fin de restablecer la autoridad del estado y evitar que se generen nuevos hechos con consecuencias trágicas.
La situación en el Alto Mayo ha entrado en una espiral de violencia debido a la presencia de grupos organizados que tratan de apoderarse por la fuerza de áreas que pertenecen a las comunidades nativas. Las autoridades de estas comunidades sostienen que son permanentemente hostigados, amenazados y víctimas de atentados que ponen en riesgo la vida de sus habitantes.
Hace unas semanas, la jefatura del Bosque de Protección Alto Mayo, a cargo de la ingeniera Silvia Ivonne Paico Vera, denunció la existencia del tráfico de tierras y una incesante tala ilegal en esa zona, hechos que incitan a la violencia y al desconocimiento de los marcos normativos de protección del bosque.
Es preciso señalar que hace unos días el integrante de un grupo de ronderos del centro poblado Nuevo Huancabamba, cuya identidad aún no se conoce, hirió con disparo de arma de fuego a la pobladora Marta Cárdenas Samamé, tras la detención de su sobrino y hermano, Wilmer Cárdenas Vela y Julio Cárdenas Samamé, respectivamente, acusándolos de transportar armas al interior de la comunidad nativa de Shimpiyacu, imputación que resultó ser falsa.
Esta detención fue arbitraria y motivó la intervención de los nativos, quienes premunidos de flechas y lanzas exigieron la liberación de los detenidos. En esas circunstancias uno de los ronderos hizo uso de su arma de fuero hiriendo de gravedad en la pierna a la Marta Cárdenas. Esta es la muestra más clara del ambiente de tensión social y violencia reinante en la zona, ante la pasividad de las autoridades y la permisividad del Poder Judicial.
Frente a esta situación, los dirigentes de la Federación Regional Indígena Awajun Del Alto Mayo– FERIAAM, solicitaron, una vez más, la intervención de las autoridades a fin que se declare en emergencia el territorio ancestral, para evitar nuevos enfrentamientos que pueden terminar pérdidas de vidas humanas.
Esta petición fue respaldada por la Prefectura Regional, la que en documento remitido a la PCM, se hace un recuento de los enfrentamientos en la Comunidad Nativa Shimpiyacu. Según la autoridad política, se está trabajando un conjunto de acciones dirigidas a evitar nuevos sucesos violentos. La pregunta es ¿Se estará tomando en cuenta la urgencia para implementación de dichas acciones?
Cabe indicar, que los hechos de violencia datan del 2017, luego que las más de 200 familias de migrantes se negaran a abandonar este territorio pese a que se había vencido el plazo del alquiler de las tierras de propiedad de la comunidad. Hay que añadir que desde la Federación Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana también se ha hecho público un documento donde se solicita al gobierno declarar en estado de emergencia esta zona.
Al respecto, el APU de las comunidades nativas, Ramón Tentes, sostuvo que “como autoridad awajun respetamos el acuerdo tomado con el Gobernador Regional, doctor (Pedro) Bogarín, quien se comprometió dar un plazo hasta diciembre (del 2018) para que los colonos dejen nuestras tierras y sean re-ubicados”.
Para Tente el acta firmada con la autoridad regional tiene valor, su comunidad la respeta y demanda su fiel cumplimiento. Sin embargo, también está consciente que están ante grupos que actúan al margen de la ley, que no tienen la menor intención de salir voluntariamente de sus tierras.
“Los ronderos o terrucos armados disparan y no dejan pasar a nuestros comuneros awajun, no nos dejan pasar nuestros productos de pan llevar y nos capturan y amarran”, señala el APU. “Nosotros queremos paz, por eso le he pedido a mi comunidad que no respondamos como salvajes. Pedimos apoyo a la PNP ellos vienen solamente para ver que no haya matanza o derrame de sangre”, dijo, graficando con esto la actitud contemplativa de la autoridad encargada de dar seguridad a la población.
Tente, señaló otra muestra de la invasión y actos ilegales que violan sus derechos territoriales. En ese sentido, reveló que se ha construidos una carretera en los territorios de la Comunidad Nativa sin que este cuente con estudios de impacto ambiental ni se haya realizado ninguna consulta a la comunidad de Shimpiyacu.
Este abuso e ilegalidad no ha motivado la más mínima preocupación de los funcionarios públicos. Las autoridades Awajún solicitaron en reiteradas oportunidades, el pronunciamiento del Gobierno Regional, de la Prefectura, de la PNP, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo. Salvo la prefectura, que está gestionando la participación de la PCM, a las demás instituciones parece que no les interesa el grave problema.
