Nota de prensa
Falta de atención en hospitales JAMO y Hospital COVID-19 de Ciudadela Noé puso en grave riesgo salud de una niña de 11 años de edad.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes demandó a los hospitales Regional II-2 “José Alfredo Mendoza Olavarría” (JAMO) y Ciudadela Noé que adopten las medidas correctivas para garantizar la atención médica de pacientes con dengue, especialmente cuando se trate de niñas, niños y adolescentes, teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad, la continuidad del tratamiento que requieren y el régimen legal de protección que tienen por parte del Estado.
Un padre de familia solicitó la intervención de la oficina defensorial por la presunta vulneración al derecho a la salud en agravio de su hija de 11 años con dengue, a quien le habrían negado la atención en el servicio de pediatría del Hospital Regional de Tumbes, indicándole que debía acudir al Hospital COVID-19 de Ciudadela Noé debido a que anteriormente la niña también había presentado esa enfermedad.
Al día siguiente el padre de familia trasladó al Hospital COVID-19, de ciudadela Noé, donde nuevamente le habrían negado la atención por su diagnóstico de dengue por lo que sus padres decidieron llevarla a su domicilio. Horas después la salud de la niña empeoró drásticamente siendo llevada nuevamente al Hospital Regional donde el médico de turno continuó con la negativa de atenderla. Luego de una hora y media de espera y solo tras la intervención de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes y la Fiscalía fue conducida a la sala de cirugía.
Frente a estos graves hechos, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes, Abel Chiroque, exigió a ambos establecimientos de salud garantizar el derecho a la salud de todos los usuarios que acuden a sus instalaciones. Asimismo, disponer una investigación contra los médicos y el personal de salud que resulte responsable por la falta de atención oportuna en la atención de la niña, atentando contra su derecho a la salud e integridad personal.
Finalmente, la institución exigió a las autoridades de los hospitales no contravenir a sus funciones porque se estaría afectando los derechos a la integridad y a la salud de los usuarios de los servicios de salud y especialmente de las niñas, niños y adolescentes, quienes son una población vulnerable.
