Adjunta para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Matilde Cobeñas, manifestó que el Estado debe cumplir con su obligación de dotar el presupuesto correspondiente para la aplicación de un mayor número de Módulos de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud (MAMIS), especialmente en las zonas rurales y más apartadas del país.
RCR, 13 de diciembre de 2019.- El Perú ha registrado más de 40 mil casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, de enero a septiembre de 2019, lo que hace urgentemente necesario e imprescindible el acceso de los menores a la justicia pronta y oportuna, así como la sanción de los agresores, demandó la adjunta para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Matilde Cobeñas.
“Esto significa que cada vez más se denuncian estos casos de violencia. Hay más demanda de un servicio de atención a los niños (violentados)… Y no hay que olvidarnos del niño víctima, del niño ser humano que necesita recuperarse de su salud integral. Pero también hay una vulneración a salud emocional. Y los que han sido vulnerados sexualmente necesitan, todavía, una mayor recuperación y atención, por parte de los profesionales”, subrayó.
En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR) Cobeñas manifestó también que el Estado tiene que cumplir con su obligación de dotar el presupuesto correspondiente para la aplicación de un mayor número de Módulos de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud (MAMIS), especialmente en las zonas rurales y más apartadas del país.
“Lo que nos preocupa más es que justamente no hay módulos de atención para niños y adolescentes víctimas de violencia en las regiones con mayor índice de atención por estos casos, de acuerdo a los Centros de Emergencia Mujer. En Ancash, Arequipa, Junín, La Libertad, Piura y San Martín se carece de este servicio. Es importante porque ninguna región del Perú se salva de tener un niño víctima de violencia”, subrayó.
En ese contexto, cuestionó que el gobierno haya rebajado el presupuesto de la Defensoría del Pueblo en este rubro, lo que –anotó- “nos impide seguir supervisando el funcionamiento adecuado de los servicios, para que los niños puedan ejercer sus derechos”.
“En este caso, (derecho) a que puedan recuperarse física y económicamente, y reintegrarse socialmente, luego de haber sido víctimas de violencia. Y eso es obligación del Estado que está en el artículo 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y no podemos descuidarnos en este tema. Tener menos presupuesto nos impide acercarnos a la ciudadanía, a través, por ejemplo, de las audiencias defensoriales, y nos impide seguir supervisando también el adecuado funcionamiento del Estado”, enfatizó.
Informó igualmente que la Defensoría del Pueblo presentó los “Resultados de la supervisión de la atención y prevención de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en el entorno escolar por parte de las Direcciones Regionales Educativas y Unidades de Gestión Educativa Locales”.
Sólo 15 de las 26 Direcciones Regionales de Educación (DRE) a nivel nacional cuentan con planes de convivencia escolar, mientras que en el interior del país carecen de ellos: Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Tacna y Tumbes. Esta situación impide combatir la violencia en el ámbito escolar de nuestro país.
“Ésta es otra supervisión que hemos realizado hace dos meses. Aquí hay algunas cosas en la que hay que hacer ajustes. Por ejemplo, no todas las Direcciones Regionales de Educación incorporan la convivencia escolar, que es tan importante, en este momento, para que la escuela sea segura y libre de violencia para los niños”, puntualizó.
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