RCR, 05 de Julio 2022.- Nelly Aedo, jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la defensoría del Pueblo, informó que han solicitado al Congreso reconsiderar la Ley 31494, que reconoce a los Comités de Autodefensa y los incorpora al sistema nacional de seguridad ciudadana. Precisó que la norma es inconstitucional, porque autoriza el uso de armas de fuego, que son atribuciones propias de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
“Nuestra institución ha enviado una comisión formal al Congreso de la República, señalando que la norma traslada de forma inconstitucional la responsabilidad estatal de garantizar la seguridad ciudadana a los comités de autodefensa y de permitirles el uso de armas de fuego y concederles atribuciones propias de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Señaló que la Defensoría del Pueblo reconoce que los comités de autodefensa cumplieron una labor trascendente en la lucha antisubversiva, pero lamentó que la norma tenga diversos aspectos inconstitucionales. “Uno de ellos es trasladar la responsabilidad de la Seguridad Ciudadana a los comités de autodefensa. El otro es el mayor uso de armas”, indicó.
También dijo que la ley afecta los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas, al subrayar que colisiona con sus derechos fundamentales. “Por ejemplo, la identidad cultural, a la autonomía organizativa, la jurisdicción comunal y a la consulta previa, que son derechos reconocidos en el convenio 169 de la Constitución Política”, afirmó.
Explicó que se está incorporando dentro de la estructura organizacional a los comités de autodefensa dentro de la estructura de las comunidades, sin consultar la opinión de las organizaciones indígenas. “Estaría generándose también una suerte de organizaciones paralelas a las propias comunidades, para que operen o tengan competencia en zonas o en territorios comunales”, declaró.
“Esto ha sido observado duramente por las propias organizaciones indígenas, rondas campesinas y también por diversos actores de la sociedad civil. Por ello, es que se ha solicitado al Congreso de la República que pueda reconsiderar los alcances de esta norma cuyo contenido colisiona una manera flagrante como hemos señalado con el marco normativo constitucional”, observó.
Declaró que es importante que el Congreso de la República tome en cuenta la opinión que también emitió el poder Ejecutivo, que escuche estas organizaciones indígenas y el llamado de la Defensoría del Pueblo, para evitar situaciones que pongan en riesgo la tranquilidad de las comunidades nativas.
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