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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: SE REQUIERE CONOCER CIFRAS SOBRE COVID-19 EN POBLACIÓN PENAL DE CUSCO

Nota de prensa

Ocho agentes penitenciarios fallecieron a causa del virus.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Cusco demandó a la Dirección Regional del Instituto Nacional Penitenciario – INPE Sur Oriente informar sobre la cantidad de personal administrativo, agentes de seguridad e internos diagnosticados con COVID-19, así como de personas privadas de libertad que hubieran fallecido a causa del virus.

Estos requerimientos se realizaron al tomar conocimiento del fallecimiento de ocho servidores del INPE a causa del virus. En ese sentido, la representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco, Rosa Santa Cruz, resaltó que es de suma importancia conocer el impacto, así como las estrategias de atención y prevención que se están ejecutando para salvaguardar la salud.

En esa línea, la oficina defensorial exigió al INPE Sur Oriente garantizar el stock suficiente de medicamentos en los establecimientos penitenciarios que permita el tratamiento oportuno del COVID-19 y otras enfermedades, en especial, en el de Cusco varones, en atención al tamaño de la población penal, que permita el tratamiento oportuno del COVID-19 y otras enfermedades.

Asimismo, demandó cumplir con la dotación permanente de oxígeno medicinal, para los internos que requieran de oxigenoterapia, debiendo para ello articular esfuerzos con la Dirección Regional de Salud del Cusco. De la misma manera, para prevenir contagios y preservar la salud del personal de seguridad del INPE y de internas e internos, instó a asegurar la dotación de equipos de bioseguridad personal.

Por otro lado, la institución demandó incrementar la cantidad de abogados en el equipo del Consejo Técnico que realiza los trámites de beneficios penitenciarios, para acelerar los procesos, lo cual permitiría deshacinar el penal.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Cusco permanecerá atenta al cumplimiento de estas demandas con la finalidad de que se garantice el acceso a la salud del personal del INPE y de las personas privadas de su libertad.